DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- En las últimas semanas existe la presión social en torno a que una persona supuestamente sin matices partidarios sea designada en la Procuraduría General de la República en medio de una expectativa colectiva de que sean sancionados los funcionarios del actual Gobierno que incurrieron en actos de corrupción.
Muchos olvidan que el nombramiento de ese incumbente es una potestad constitucional exclusiva del presidente electo Luis Abinader, quien ha prometido transparencia en la administración pública a partir del próximo domingo.
La perspectiva ciudadana gira en torno a este predicamento, pero no se puede continuar con la presión de que un procurador “independiente” sea designado desde que el nuevo Gobierno asuma la conducción del Estado.
Somos partidarios, sin embargo, de que una persona de cabeza fría y sin exabruptos tenga en sus manos este compromiso, porque no debe encausarse una cacería de brujas a partir del lunes de la próxima semana. Esto no quiere decir que el nuevo Ministerio Púbico no actúe contra los corruptos del actual Gobierno, de modo alguno.
Lo que se quiere es que la Procuraduría General de la República del nuevo Gobierno recaude las pruebas que provengan de investigaciones serias y sin acomodos políticos para que ningún expediente sea desechado en los tribunales. Además, hay que cuidar la honra y los derechos constitucionales de cada persona, aunque el dedo acusador de la sociedad los endilgue en hechos cuestionables.
El nuevo procurador general debe estar consciente de que asume un compromiso más con la sociedad, en lugar de ataduras político-partidarias, ya que así no se fortalece el sistema institucional y la democracia sufriría un revés en caso de que se desate una cacería de brujías contra supuestos corruptos al margen de los cánones legales.
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