DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.-. Si bien lo que ocurre en Haití no es nuevo, la situación mueve a preocupación.
El secuestro de cuatro militares de El Salvador registrado el pasado domingo, que se presumen podrían estar muertos, es un caso extremo que desborda la crueldad de las pandillas armadas.
Más de 5,700 haitianos han perdido la vida en este año por la violencia atribuida a esos grupos, según datos oficiales de Naciones Unidas, situación que obliga a un mayor compromiso de la comunidad internacional en un afán colectivo para restaurar el orden y la seguridad.
El accionar de República Dominicana, bajo el liderazgo preponderante del presidente Luis Abinader, se ajusta a la gravedad de lo que vive el pueblo haitiano, y la advertencia dirigida a las bandas evidencia la determinación de las autoridades locales por preservar la soberanía y la seguridad en el lado dominicano.
Haití no es un hecho aislado. Es parte de nuestra realidad, que obliga a los dominicanos a un compromiso firme por la preservación del orden y la integridad, por lo que es atinado con los diferentes sectores políticos, sociales y económicos expresen un apoyo decisivo al Gobierno.
El agravamiento del orden social, económico e institucional en Haití constituye un grave peligro para la integridad de República Dominicana, por lo que ha sido correcta la posición del presidente Abinader de elevar la voz para despertar la conciencia de la comunidad internacional.
Haití urge por hechos concretos, por encima de las promesas del pasado.
Lo peor que puede ocurrir sería una estampida de haitianos hacia el lado dominicano.
El peligro es latente y real, sin importar que el Gobierno de Abinader proclame la protección d de la frontera, inclusive con mayor vigilancia y seguridad que en el pasado.
Lo que conviene es que Haití vuelva al orden constitucional, social y económico, con el cumplimiento de un calendario electoral que permita elegir nuevas autoridades a partir de diciembre, como lo proyecta el Consejo Electoral Provisional, o cuando las circunstancias así lo permitan.
Pero la comunidad internacional debe comprometer su accionar para impulsar proyectos de desarrollo y de institucionalidad para consolidar el orden democrático en Haití.
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