DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.-. Quiérase o no, la mirada colectiva está puesta sobre el proceso iniciado por el Consejo Nacional de la Magistratura para decidir en torno a la ratificación o sustitución de ocho jueces de la Suprema Corte de Justicia que ya cumplieron con su periodo de siete años en abril reciente.
Otras tres plazas deberán ser suplidas por el presidente Luis Abinader y los demás miembros del Consejo sin mayores inconvenientes, a raíz de las renuncias de Luis Henry Molina, presidente del tribunal, y los magistrados Nancy Salcedo, María Garabito y Manuel Herrera Carbuccia a someterse a la evaluación en procura de continuar en esa alta instancia o, en caso contrario, ser descalificados.
Se prevé que otros jueces podrían decidir alejarse de ese proceso, ya que entre algunos de estos juristas se teme ser rechazados sin ninguna calificación técnica ni legal, como habría ocurrido cuando los jueces Moisés Ferrer, Pilar Jiménez y Manuel Alexis Read Ortiz optaron porcontinuar en el cargo.
Sin embargo, fueron objetados bajo el argumento de que carecían de “los estándares de idoneidad y desempeño exigidos”.
La sociedad espera y exige un procedimiento y una actuación transparentes de parte del Gobierno, del Congreso Nacional y de la Fuerza del Pueblo, representados en el Consejo de la Magistratura.
Existe una alta expectativa sobre quiénes podrían ser o reúnen las mejores condiciones intelectuales y morales para ocupar las once vacantes en la Suprema de Justicia.
No se pide que el presidente Abinader y los demás integrantes se desvistan del ropaje político que caracteriza su acción inmediato, sino que se permitan que profesionales “idóneos” y sin “manchas” puedan ser entes que aporten al saneamiento y fortalecimiento del sistema de justicia.
Se espera, por ejemplo, que se cumpla con el mandato constitucional sobre que personas con vínculos con partidos durante los últimos cinco años no tengan la posibilidad de ser designadas en la Suprema Corte de Justicia.
Pero que también, los elegidos por el Consejo de la Magistratura no despierten dudas, objeciones y preocupaciones en la sociedad.
El ambiente actual permite que el Consejo de la Magistratura contribuya al fortalecimiento institucional con la escogencia de jueces con compromisos y obligaciones morales dirigidos a sanear no solo la Suprema, si no también todas las esferas inferiores del tren judicial.
Una contaminación “partidaria” no es lo más recomendable, aunque existan experiencias muy cuestionables en torno a la desigación de los dos últimos presidentes de la Suprema Corte, Mariano Germán Mejía y Luis Henry Molina, quienes tenían cierta cercanía con el Partido de la Liberación Dominicana. Fueron nombrados, el primero por el expresidente Leonel Fernández; y el segundo, por el expresidente Danilo Medina.
En el campo de la abogacía y en la academia hay profesionales desprovistos de “perfiles políticos” y con aval moral para una correcta administración de justicia.
Se aguarda que el Consejo de la Magistratura elija lo mejor en la diversidad de ofertas y propuestas que tendrá sobre la mesa de decisiones. Solo hay que pensar en los intereses del país y no dejar que la mezquindad política nuble el entendimiento al momento de “bendecir” a los nuevos once miembros de la Suprema.
“Lo mejor entre los mejores” debe ser la reflexión que debe primar en las mentes del presidente Abinader y los integrantes del Consejo de la Magistratura.
La sociedad se encuentra en un alto nivel de madurez para “oler lo bueno y lo malo”.
Por tanto, se espera que los consejeros no transiten por el camino errado y así eviten contaminar la credibilidad y el alto grado de confianza que deben adornar a la Suprema, desde el más alto y más bajo nivel en la estructura jerárquica.
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