DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Nueva vez el país aparece incluido en un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos con una mención desagradable por el tema de la corrupción y su impacto negativo en las inversiones extranjeras.
Esta cita en el informe viene a pesar de que en la actual gestión gubernamental se han encaminado expedientes contra algunos imputados de corrupción. Pero, a pesar de ello, parece que el cáncer persiste en algunas instancias, situación que desata la preocupación de las autoridades estadounidenses.
Esta revelación contenida en el informe es preocupación: “las empresas estadounidenses que operan en la República Dominicana suelen que tomar amplias medidas para garantizar la Ley sobre Prácticas de Corrupción en el Extranjero”.
Es necesario que el gobierno del presidente Luis Abinader adopte las previsiones urgentes para el combate de la corrupción y que la actual gestión se encamine hacia la transparencia. Los esfuerzos son reconocidos, pero habrá que esperar los resultados concretos.
El Departamento de Estado así lo entiende, con esta recomendación: “El clima de inversión en los próximos años dependerá en gran medida de si el nuevo Gobierno decide implementar las reformas necesarias para promover la competitividad y la transparencia, frenar la expansión de la deuda pública y llevar a los funcionarios públicos corruptos ante la Justicia”.
En el informe sobre el clima de inversión en 2020 en República Dominicana se externa la alarma de que los indicadores internacionales de competitividad y transparencia de República Dominicana se debilitaron durante 2020.
Las evidencias puestas en ese reporte son desalentadoras. “Los inversionistas extranjeros reportan numerosos problemas sistemáticos en República Dominicana y citan la falta de reglas claras y estandarizadas por las cuales competir y la falta de aplicación de las reglas existentes”.
De acuerdo al Departamento de Estado las quejas incluyen acusaciones de corrupción generalizada, solicitudes de sobornos, retrasos en los pagos del Gobierno, escasa aplicación de los derechos de propiedad intelectual, obstáculos burocráticos, procesos judiciales y administrativos lentos y a veces sesgados a nivel local, además de procedimientos no estandarizados en la valoración y clasificación aduanera de las importaciones.
Se revela en el documento que muchas empresas e inversionistas estadounidenses han expresado su preocupación por el hecho de que la corrupción en el Gobierno, incluso en el Poder Judicial, sigue limitando la inversión exitosa en República Dominicana.
Como se puede observar, las autoridades dominicanas cuentan con materiales suficientes con estas preocupaciones del Gobierno de Estados Unidos para investigar sobre estas irregularidades denuncias y se apliquen los correctivos que sean más urgentes y necesarias, a fin de evitar la estampida de las inversiones y que el país pierda el atractivo ganado para captar a nuevos empresarios extranjeros.
Sencillamente, solo que hay ajustar las normas y las reformas a la expectativa del país y que el Poder Judicial juegue el rol persecutor contra la corrupción y la mala práctica en el ejercicio gubernamental.
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