DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Muchas expectativas persisten en torno al rol transparente e independiente del Ministerio Público de cara a la responsabilidad y el compromiso contraídos por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.
Nadie duda ni pondrá en tela de juicio la capacidad y la idoneidad de la exjueza de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a su misión de garantizar un debido proceso y la protección de los derechos de aquellos ciudadanos que estén obligados a responder ante las leyes.
Los expedientes sobre supuestos casos de corrupción que se ventilan en los tribunales son las mejores evidencias de que el Ministerio Público actúa con total responsabilidad para que el brazo de la Justicia llegue ante quienes, de manera desaprensiva, hurtan bienes del erario para propio personal o para beneficiar a particulares.
El trabajo de los fiscales adscritos al Ministerio Público evidencia que existe, ahora a diferencia del pasado, una firme voluntad por el adecentamiento del ejercicio de la actividad pública, sin importar los involucrados en actividades cuestionables y reñidas con las leyes.
Sin embargo, hay el Poder Ejecutivo debe escuchar la voz de la procuradora Miriam Germán Brito en demanda de una prudente asignación presupuestaria para 2022, ante la complejidad de los expedientes contra imputados en corrupción y también para mejorar la eficiencia en el personal administrativo y técnico, al amparo de la demanda de una mayor independencia de esta estructura del Estado.
Ante la comisión bicameral que estudia el Presupuesto de 2022, Germán Brito ha pedido un presupuesto de 10 mil 500 millones de pesos, lo que vendría a robustecer el trabajo encomiable que se realiza en la protección de los derechos de los ciudadanos y en la garantía del ejercicio pulcro de todo el personal del Ministerio Público.
La magistrada, sin embargo, es consciente de las dificultades que afronta el país por causa de la pandemia del Covid-19, pero ante los legisladores ha afirmado que “son de todos conocidas las precariedades que pasa el órgano responsable de la política penal y de la persecución de crímenes y delitos. Aunque hasta ahora hemos tenido apoyo en las extremas necesidades, se hace necesario un incremento de los recursos asignados “con el objetivo de lograr un fortalecimiento institucional y la reestructuración del Ministerio Público”.
No solo hay que abogar por actuaciones del Ministerio Público alejadas de la dependencia de la partidocracia, hay que procurar que el Ministerio Público cuente con todo el apoyo financiero y de logística que le permita desempeñar sin contratiempos ni cortapisas en sus labores cotidianas y en cuanto a la persecución de los delitos, no importa quién o quiénes sean los perjudicados.
Los comentarios están cerrados.