Distrito Nacional, República Dominicana.-.
Sería un ejercicio saludable para el sistema democrático que en el país se ponga en práctica la renuncia de funcionarios, cuya labor esté bajo el escrutinio público y no llenen las expectativas exigidas.
La dimisión es algo común en muchos países, y el caso más reciente se tiene en Portugal, donde el primer ministro Antonio Costa y varios funcionarios tuvieron que dejar sus cargos por un caso de corrupción y la acusación de tráfico de influencia, que está bajo investigación de la Fiscalía de ese país.
En nuestro terreno, la situación podría tornarse complicada, ya que se observa que cualquier funcionario puede ser sometido a una campaña de descrédito y así obligar su dimisión.
En el país es algo común que la dignidad y credibilidad de cualquier persona son puestas en entredicho por intereses particulares o de otra índole, lo que puede explicar la complejidad de que la renuncia de funcionarios públicos sea acción factible.
Entonces, es bueno que desde el Gobierno se siga con la práctica de que los incumbentes transiten por el camino de la licencia o por la suspensión aprobada por el Poder Ejecutivo.
Siempre, con el concepto de que la inocencia debe ser respetada hasta que un tribunal emita una orden de culpabilidad en las denuncias imputables.
Lo correcto es, que desde las altas esferas del Estado, se apliquen los correctivos y las medidas que eviten la comisión de irregularidades, pero cuando ocurran que se castigue a los culpables de acuerdo a las leyes.
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