DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Muy positivas las medidas dispuestas en el decreto 396-21 emitido por el Poder Ejecutivo para mayor austeridad en el gasto público y el mejor funcionamiento del Gobierno, principalmente en el manejo de los fondos públicos en las diferentes instituciones.
Tradicionalmente el Estado se ha caracterizado por el despilfarro y el descontrol el uso de los recursos. También en la discrecionalidad en la funcionalidad del personal y de los activos humanos.
La gravedad de la crisis económica, motivada por igual por la pandemia del Covid-19, exige mayor rigurosidad en el erario y en el gasto público. El principal consciente de esta realidad lo constituye el presidente Luis Abinader, actitud reafirmada con este decreto que obligará a los funcionarios de las distintas instituciones a actuar con mayor transparencia y ajustes a las necesidades que vive el país.
Aplausibles las reducciones en gastos relacionados con viajes al exterior, la compra de vehículo de lujo, remodelaciones de alto costo, agasajos y celebraciones, que regularmente han sido espacios para los funcionarios malgastar dinero de manera innecesaria.
Otra medida que debe ser acogida con aplausos lo representa la disposición sobre las donaciones, obsequios, uso de instalaciones privadas para la realización de actividades, y hasta el uso de personal policial o militar asignado a funcionarios públicos, con muy contadas excepciones establecidas en el propio decreto.
Otra discrecionalidad que gozaban los incumbentes de las instituciones públicas lo ha sido siempre las salidas al exterior de servidores públicos en viajes oficiales que no cuenten con autorización privada y la consecuente compra de boletos aéreos.
Ciertamente que las perspectivas económicas del país obligan que desde el Gobierno se envíen claros mensajes de austeridad y de transparencia, ya que la población no puede percibir la mala práctica del pasado que desde el Estado era algo normal el descontrol y la falta de fiscalización en el uso de los fondos públicos.
Ahora falta que el Ministerio Administrativo de la Presidencia y el Ministerio de Administración Pública, en coordinación con la Dirección General de Presupuesto y la Contraloría General de la República se cumplan con la responsabilidad puesta en sus manos por el Poder Ejecutivo para que ninguna de las disposiciones sean violadas u obviadas.
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