DISTRITO NACIONAL, República Dominicana. Mucho “morbo” ha generado el hecho de que el Ministerio Público mantenga bajo arresto al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros nueve supuestos implicados en la denominada “Operación Medusa”, mediante la cual son acusados de estafa, lavado de activos, alteración de documentos y otros delitos que deberán ser ventilados en los tribunales.
Al paso de su gestión como jefe del Ministerio Público en el pasado Gobierno del expresidente Danilo Medina, Jean Alain Rodríguez pudo granjearse manifestaciones de desafecto y hasta de odio entre diferentes sectores de la sociedad, por lo que no es secreto que muchos claman por su cabeza y que sea enviado a la prisión en un juicio sumario.
Sin entrar en valoraciones de las imputaciones, hay que esperar que el Ministerio Público cumpla con la normativa del debido proceso con pruebas contundentes contra el exprocurador y los demás acusados de los graves delitos, por el daño que acarrea formular denuncias de supuestos actos de corrupción sin el aval exigido por las leyes.
Jean Alain Rodríguez y los demás arrestados por el “Caso Medusa” merecen un tratamiento conforme a la dignidad humana y dentro de un juicio transparente, sin la estridencia a la que el Ministerio Público exhibe en cada caso de corrupción que instrumenta, con pasos que se caracterizan por el bullicio mediático y con formulaciones de delitos que se venden como “irrefutables ” y propias de una condena inmediata en los tribunales.
Los tribunales, de su parte, están obligados a permitir que el exprocurador general y los demás imputados tengan el derecho a la defensa de acuerdo a las leyes y sin menoscabo de parte de las autoridades judiciales de pisotear su dignidad y su trayectoria profesional y pública.
Sencillamente, hay que permitir que en el juicio todas las partes presenten pruebas y contra pruebas que contribuyen a esclarecer el escenario sombrío que empaña la vida de los imputados y de sus familiares, aunque hay que reconocer que la sociedad reclama de sanciones severas contra los desfalcadores del erario, sin importar nombres sonoros y ni arraigo político.
Todo el proceso debe encaminarse por el respeto del debido mandato de la ley.
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