DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- En el ejercicio de la actividad política se formulan acusaciones y declaraciones que siempre permanecen en el aire, ya que nadie que ha sido señalada o imputada exige una explicación pertinente para resarcir el daño moral y profesional que acarrea determinada opinión.
Este juicio viene a colación por las declaraciones ofrecidas por el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, de que hay sectores de oposición detrás de las protestas convocadas en San Francisco de Macoris, en la provincia Duarte, para supuestamente alterar el orden público.
Textualmente, el funcionario dijo: “Figuras de los anteriores gobiernos, ligadas a actos de corrupción y que perdieron credibilidad ante la sociedad son las que están financiando los llamados a huelgas en San Francisco de Macorís”.
Agrega que: “Estas protestas no buscan reivindicaciones sociales. Estas protestas buscan alterar la paz pública en República Dominicana. Los informes de inteligencia que nosotros tenemos, es que esas protestas buscan alterar la paz pública”.
Tras estas imputaciones del ministro de Interior y Policía salta la siguiente pregunta: ¿por qué no acusan con nombres y apellidos a los patrocinadores de esas protestas? Es decir, que el funcionario y alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno se descalifica con declaraciones alegres e irresponsables solo con la intención de venderse ante el pueblo de que el Gobierno cuenta con informaciones clasificadas sobre lo que supuestamente se esconde detrás de las protestas.
Además de revelar las “figuras de los gobiernos anteriores”, compete tanto a Vázquez ´Martínez y demás funcionarios del Gobierno a abrir un canal de diálogo y acercamiento con los sectores que han dado la cara en las protestas en demanda de reivindicaciones sociales para el municipio de San Francisco de Macorís y toda la provincia Duarte.
La responsabilidad gubernamental radica precisamente en el hecho de que debe escuchar a la población y resolver, dentro de las posibilidades económicas y sin chantaje, cuando la sociedad exige la atención del Estado para la solución de determinados y muchos de los problemas que aquejan a la ciudadanía.
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