DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- La independencia del Ministerio Público o de la Procuraduría General de la República ha sido una bandera enarbolada por el presidente Luis Abinader mucho antes de llegar a la Presidencia de la República en las elecciones del 5 de julio de 2020.
La iniciativa, de por sí, ha sido bien valorada por la sociedad dominicana, que siempre había y todavía aspira a tener un Poder Judicial que goce de total autonomía operativa y financiera.
Y el Ministerio Público juega un papel importante en el ejercicio del cumplimiento de las leyes y del respeto de los sagrados derechos de los ciudadanos.
Si bien la actual procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, fue designada por decreto del presidente Abinader, nadie osa en atribuirle alguna dependencia política o de agradecimiento de parte de esta funcionaria, cuya trayectoria es y será siempre reconocida por los diferentes sectores por su pulcritud y responsabilidad con el respeto de las leyes y del orden jurídico del país.
Dentro del marco de esa prometida independencia del Ministerio Público el Gobierno gestiona un amplio consenso en el seno del Consejo Económico y Social para materializar una reforma de la Constitución, que en principio perseguía este fin trazado por el Poder Ejecutivo, pero que en la propuesta presentada al liderazgo nacional aborda otros aspectos referentes al proceso al sistema electoral.
Por ejemplo, en el documento depositado para la discusión en el Consejo Económico y Social se pone en el debate la necesidad de la unificación de las elecciones presidenciales con las congresuales y municipales, que tienen una diferencia de tres meses para el año 2024.
Creemos que ningún sector sensato podría tener alguna objeción a la unificación de los comicios por la costa inversión en que incurre el país para escoger a las autoridades presidenciales, municipales y congresuales, mas ahora cuando la pandemia del Covid-19 ha trastornado todo el esquema económico y social, obligando a que el país tenga que priorizar su agenda de cara a los retos que se avecinan a nivel mundial.
Dentro de estas prioridades juzgado que la actual coyuntura no es la apropiada para el debate de cambios en la Constitución, aunque todos los sectores se inclinen a favor de modificaciones sustanciales que demanda el sistema constitucional dominicana.
Es decir, que el diálogo sobre la propuesta de la Constitución puede postergar hasta después de las elecciones de 2024, en medio de un amplio menos contaminado por las diferencias político-electorales y, además, se permitiría un espacio más holgado para el Gobierno pueda encaminar las medidas que las circunstancias urgen ante el más alto nivel de inflación que registra el país en los últimos años, estimado en un 8.5 por ciento por el Banco Central.
Pero también la pandemia del Covid-19 ha obligado al Estado a destinar los recursos económicos posibles para atender las exigencias de salud de la población y lograr, en un tiempo récord, el dinamismo de ciertas esferas de la economía, siendo el puntal el dinamismo del sector turístico, matizado por una amplia captación de empleos perdidos.
Otro ingrediente que obliga a postergar el tema constitucional lo constituye la presión fiscal y presupuestaria que representa la inestabilidad de los precios del petróleo en el mercado internacional, situación que se concatena con la inflación que ha incidido en desajustes en los precios de la mayoría de las mercancías de primera necesidad.
Múltiples problemas latentes en la sociedad, como la delincuencia y la inseguridad ciudadana, además la desprotección de la población en el sistema de salud, ameritan de toda la atención del Poder Ejecutivo y sus diferentes instancias operativas para garantizar la tranquilidad social a la que aspiran los dominicanos.
Aunque existan válidas justificaciones para la modificación de la Constitución, lo cierto es que un debate en los actuales es extemporáneo y vendría a hacer elemento de crispación en el ámbito político, cuando en el Consejo Económico y Social hay propuestas –como la reforma laboral y de la Seguridad Social, además del marco institucional- que obligan a una mayor responsabilidad de los actores gubernamentales, empresariales, sindicales y partidarios que conlleven a un mayor compromiso ante muchas necesidades acumuladas por años por la sociedad dominicana.
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