La soberanía del país

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana. Nuevamente el país es víctima de presiones desde el extranjero en su derecho a admitir quién o quiénes deben gozar de la nacionalidad dominicana de acuerdo a lo dictamen de nuestra Constitución.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, ha vuelto a emitir críticas contra la sentencia TC-0256-14 mediante la cual el Tribunal Constitucional declaró el derecho del Estado sobre la nacionalidad.

No es posible que cada cierto tiempo el país tenga que recibir presiones desde el exterior en competencias que son propias y exclusivas de los dominicanos.

La Constitución es clara en otorgar este derecho soberano a los ciudadanos nacidos dentro del marco de nuestras leyes.

Siempre se ha alegado la negación de la ciudadanía a descendientes de haitianos que por años han permanecido ilegalmente en el territorio nacional. Y se ha querido acusar al país de mantener un sistema de apatridia, lo que en la práctica nunca ha existido.

Tanto la Corte Interamericana como la Organización de Estados Americanos, y otras instancias internacionales, deben asimilar para una justa comprensión de que el Estado dominicano es el que tiene la última protestad para la regulación de la nacionalidad.

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El presidente del Tribunal Constitucional dominicano, Milton Ray Guevara, ha tenido que responder las imputaciones de la Corte Interamericana, a la que acusa muy claramente de querer obligar a ese órgano judicial a violar la Constitución e ignorar procedimientos constitucionales a los que está sometido.

En sus declaraciones, el connotado jurista entiende que “el desconocimiento de dichos procedimientos supondría la subversión y violación del orden constitucional dominicano y el desconocimiento del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Carta Magna”.

Es decir, como bien dice Ray Guevara, fuera del espacio legal y jurídico, el país no puede aceptar injerencia ni presiones de la Corte Interamericana ni de Gobierno u otra instancia fuera del territorio dominicano que estén interesados en dictaminar quién o quiénes son dominicanos, en franca violación de nuestra Constitución.

Pero el presidente del Tribunal Constitucional ha expresado por igual que “es innegable que esta corte actuó con absoluto apego a los mandatos de la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales”.

“La decisión adoptada no cuestiona el derecho de los poderes públicos dominicanos competentes para adherirse a la Corte Interamericana”, agregó Ray Guevara.

Es entonces, loable la postura asumida por el Gobierno y otras autoridades dominicanas ante las intenciones de organismos internacionales -citamos el caso de la OEA- que tratan de lesionar la integridad jurídica y soberana del pueblo dominicano. Esto, en el terreno que quieran, es inaceptable.

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