No es nueva, aunque muy grave y aberrante, la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, contra la República Dominicana bajo la acusación de violaciones contra descendientes de haitianos en situación irregular.
Sin embargo, este fallo provoca la conmoción colectiva y debe motivar la repulsa de toda la sociedad dominicana.
No se puede aceptar ni permitir que un organismo internacional, como en este caso la Corte Interamericana, conmine al Estado dominicano a modificar su Constitución y otros estamentos jurídicos para favorecer con la nacionalidad dominicana a los hijos descendientes de extranjeros ilegales.
Para este viernes se ha prometido la respuesta del Gobierno ante esa infamia de la Corte Interamericana. La posición de las autoridades debe ser contundente y en defensa de la soberanía del país, además del derecho que se tienen para establecer su politica migratoria.
La Corte Interamericana está descalificada para presionar al país por supuestas violaciones de derechos de descendientes haitianos durante el periodo 1999-2000, cuando este mismo organismo ha actuado bajo prejuicios mezquinos contra la República Dominicana.
El respeto hacia la nacionalidad y la soberanía del país debe ser exaltado por el gobierno en el documento de respuesta que se elabore y que se dará a conocer ante la ciudadanía y el concierto de las demás naciones.
El presidente Danilo Medina y su Gobierno no pueden venir con medidas tintas. Tenemos que ser firmes y determinantes.
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