SANTO DOMINGO.- Desde hace casi un año el Gobierno ejecuta el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros para normar el estatus legal de los ciudadanos de otros países que residen en el territorio dominicano.
La inversión supera los mil millones de pesos, que salen de las arcas del Estado, con poca colaboración financiera de los organismos internacionales.
El plazo para concluir este plan vence el 15 de junio, a partir del cual las autoridades dominicanas contemplan iniciar las repatriaciones de los extranjeros que persisten en mantenerse en la ilegalidad.
Nadie puede menospreciar los esfuerzos del presidente Danilo Medina y del Gobierno para que todos los extranjeros puedan acogerse la Ley de Naturalización y del plan de regularización.
Entonces, dentro de ese contexto, no se justifica la advertencia lanzada por el embajador de la Unión Europea en el país, Alberto Navarro, de que ese organismo ni Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas permitirán las repatriaciones anunciadas a partir del 15 de junio.
Es peligrosa esta amenaza del representante extranjero. ¿Trazan estos organismos las políticas internas del país en materia externa? ¿No es violatoria a la soberanía nacional esta advertencia del embajador Alberto Navarro?
Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas deben entender, de una vez y por todas, que República Dominicana es soberana para decidir quién o quiénes pueden gozar de su territorio y de su nacionalidad, que ya no se justifica ninguna presión extranjera para obligar a este país a arrodillarse ante cualquier pronunciamiento de ningún representante, no importa su categoría en sus respectivos organismos.
Es reprochable que el embajador de la Unión Europea alerte que esa agrupación, Estados Unidos y la ONU no permitirán las repatriaciones que realizarán las autoridades, cuando estas instituciones no deben entrometerse en cuestiones internas, cuya protestad corresponde exclusivamente al Estado y al pueblo dominicano.
Parece, y es así, que las organizaciones extranjeras no han entendido la firmeza del discurso del presidente Danilo Medina de que República Dominicana aplicará su política exterior en cuanto al plan de regularización de extranjeros sin importar las preocupaciones que vengan desde el extranjero, pese a las presiones para que el país otorgara la nacionalidad dominicana a más de un millón de extranjeros que residen en su territorio en situación migratorio irregular.
Es inaceptable que el embajador Navarro hable con tanto desparpajo en un asunto extremadamente interno de los dominicanos, sin que la Cancillería externe sus quejas por los canales diplomáticos.
Constituye, sin duda, un atrevimiento incalificable este pronunciamiento de ese diplomático que lesione al derecho de República Dominicana a trazar su política externa con estricto respeto a los derechos humanos y las leyes dominicanas, como siempre ha garantizado el canciller Andrés Navarro.
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