DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Un nuevo escándalo matiza la jurisdicción de tierras del país, que desde hace años ha estado sometida a serios cuestionamientos y preocupaciones.
Más de 19 empleados de esa dependencia del Poder Judicial fueron suspendidos y sometidos a investigación por parte del Ministerio Público por irregularidades detectadas, pero los implicados no han sido identificados ni tampoco las autoridades han revelado la magnitud de los hechos.
No basta con que la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público realizan las investigaciones, sino que se establezcan sanciones de acuerdo a las implicaciones de las anomalías cometidas en perjuicio del sistema jurídico del país.
Para nadie es un secreto que el país acarrea serias dificultades en el sistema jurídico en lo referente a la tendencia y propiedad de las tierras.
La situación aleja inversionistas que han mostrado interés en traer sus capitales a República Dominicana, pero hay que fortalecer el clima en el aparato judicial, lo que vendría a ocurrir cuando se sanciones a quienes violenten las leyes y cuando el Estado trace las líneas definitivas para la consolidación de todo el sistema.
En manos de la Suprema Corte y del Ministerio Público están lo que ocurrirá con estos 19 empleados suspendidos y sometidos a investigación en la Jurisdicción Inmobiliaria, llenando las expectativas de los inversionistas locales y extranjeros, que reclaman mayor seguridad en el clima de inversión en todo el país.
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