No puede asumirse a la ligera la denuncia y revelaciones de que hubo diputados que presuntamente habrían recibido dinero para abortar la aprobación del proyecto que declara loma Miranda como parque nacional.
El sacerdote Rogelio Cruz y otras personas han revelado de una supuesta reunión que se realizó en una finca en La Vega, donde se alega que la minera Falconbridge habría desembolsado 400 millones de pesos como soborno para que se cayera el proyecto que protege a loma Miranda de una posible explotación.
Lo denunciado es grave y no sólo debe quedarse en las simples reacciones que han hecho algunos diputados y senadores de que el padre Rogelio Cruz y los demás sustentantes presenten pruebas o que acudan ante la Procuraduría General de la República.
El Congreso Nacional, cuya imagen y credibilidad ya están bien diezmadas, deben ordenar una investigación para certificar la veracidad de la denuncia y si es posible, dentro del marco de su reglamento interno, proceder contra los diputados y senadores que pudieran tener alguna implicación en un plan tendente a permitir que loma Miranda sea descuartizada en una explotación inmisericorde.
La sociedad dominicana se cohesiona cada vez en torno a que esa reserva natural sea preservada.
No basta con que los diputados se escuden en la misma pose de siempre de reclamar pruebas, sino que aquellos que se sientan aludidos deben proceder ante los tribunales contra el sacerdote Rogelio Cruz, quien ha manifestado su disposición de acudir a cualquier instancia judicial para demostrar que al menos doce o más legisladores son corresponsables de recibir el dinero -mucho por cierto- para evitar que el país pueda proteger a loma Miranda.
Si es cierta la denuncia del sacerdote, que no puede ponerse en duda, entonces hay que lamentar que algunos legisladores pongan su interés particular -principalmente de dinero- por encima de la colectividad nacional.
La verdad que así no se fortalece la institucionalidad y se lesiona nueva vez, el sistema político dominicano.
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