DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- “No hay ni habrá ninguna solución dominicana a la Crisis de Haití”, fue la frase del presidente Luis Abinader fuera del lenguaje diplomático en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra en Nueva York, como un grito para que la comunidad internacional asuma el deterioro institucional, económico y social que se agudiza en el vecino país.
Ese mismo escenario fue aprovechado en su ocasión por los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina en su afán desde República Dominicana para provocar la reacción de las países poderosos ante la agudización de la crisis haitiana, lo que –de acuerdo a Abinader- constituye un peligro para la región y la República Dominicana.
Tradicionalmente, las autoridades dominicanas de turno solo se han quedado en enunciados en los foros extranjeros ante la situación de Haití. Si bien ha sido correcta la visión del Gobierno en sensibilizar a la comunidad internacional sobre la necesidad de ir en rescate de los haitianos, ha llegado ahora el momento para que la defensa de los intereses nacionales forme parte de una política del Estado.
Una vía como parte de esa política estatal frente a Haití es que República Dominicana active una mesa de trabajo con la representación diplomática de las naciones de incidencia en las Naciones Unidas, lo que podría fortalecerse con gestiones bilaterales –de gobierno a gobierno- que pueden ser encabezadas directamente por el presidente Abinader.
Otra alternativa dentro de esa acción estratégica ante los haitianos es darle fiel cumplimiento a las leyes, principalmente al Código de Trabajo que estipula que el 80 por ciento de la mano de obra debe ser asignada a los dominicanos y el 20 por ciento a los extranjeros. La realidad es otra en el mercado laboral, incluso con la penosa acción de que el propio Estado es uno de los violadores de la legislación en la contratación del personal en las diferentes construcciones.
Pasar de las palabras a los hechos, lo que hizo el presidente Abinader con su discurso ante las Naciones Unidas- es que el Gobierno agilice la construcción de la verja perimetral o muro en toda la franja fronteriza para frenar el éxodo descontrolado de los indocumentados del vecino país hacia el territorio nacional.
También habrá que regularse la masiva demanda de las parturientas haitianas en los hospitales del país, lo que representa un alto costo económico para República Dominicana en más de 5 mil millones de pesos al año, de acuerdo a las cifras conservadoras.
Hay que respaldar esa postura firme externada por el presidente Abinader ante los representantes de países reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero desde el Estado hay que promover la conciencia sobre lo que predica el Mandatario en torno a la amenaza de la crisis de Haití para la República Dominicana y la región.
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