SANTO DOMINGO.- Existen válidas preocupaciones para la alarma colectiva.
La sociedad dominicana no marcha por el mejor camino, o nunca lo ha hecho.
Nuestras más recientes autoridades gubernamentales se han preocupado más por los números fríos de la macroeconomía y en logros fácticos que en centrar su atención en la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer los valores morales y éticos.
Un escándalo sucede a otro y un asesinato genera altos índices de espanto. La sociedad dominicana marcha por un derrotero peligroso.
El Gobierno mantiene una posición sumisa y hasta complaciente ante el atropello permanente que lanza el Gobierno del presidente Michel Martelly y se juega a la política de defensa y contra defensa que tracen los haitianos. República Dominicana es acosada por una campaña de descrédito en el terreno internacional y siempre acepta lo que quieran los haitianos, en perjuicio en la mayoría de los casos hasta de los más sagrados preceptos de soberanía y dignidad.
Los dominicanos son agredidos y sencillamente aceptan su pedido de reabrir nuestros consulados en Haití con la simple promesa del reforzamiento de la seguridad en esas misiones diplomáticas, cuando existe plena conciencia de que en cualquier momento el Gobierno del cantante Martelly no honrará su compromiso.
Se observa la forma como fue asesinado a viceministro de Energía Minas y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Victoriano Santos, y este hecho se asume como algo normal, producto quizás del nivel de delincuencia que azota a la sociedad. Los dominicanos están arrodillados al sicariato como una práctica propia ya de la descomposición social, mientras se acrecienta el temor entre todos los ciudadanos.
La Justicia, como siempre, nunca ha servido ni servirá, porque sólo sus brazos llegan a los sectores más vulnerables y es tímida con los corruptos y delincuentes de cuello blanco. El Poder Judicial está arrodillado al poder político y de la influencia de determinado sector que incide en sus decisiones. La Justicia, es verdad, sigue siendo un “vulgar mercado”, como fue calificada en el pasado.
La clase política, sin embargo, parece aislada o marginada de la situación de deterioro que vive República Dominicana. No se quiere ninguna modificación al orden establecida, porque sólo así se podría garantizar que un determinado partido pueda llegar al poder. De ahí que la ley de partidos tiene más de diez años en los archivos del Congreso Nacional, sencillamente porque las organizaciones partidarias no quieren tener ninguna camisa de fuerzas ante el financiamiento de las campañas y otros actos ilegales que incurren en la escogencia de los candidatos y en el manejo de la estructura interna.
La sociedad dominicana marcha hacia un derrotero. El sistema sólo beneficia algunos pocos y la mayoría tiene que acogerse a lo que se ha establecido en un sistema carcomido por la impunidad, la corrupción y la exclusión social.
¿Hacia dónde va la República Dominicana? Ahí está la preocupación.
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