SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Siempre existe resistencia a la transparencia, por más esfuerzos que realiza el Gobierno por el manejo pulcro de los fondos del Estado.
Pero las acciones deben venir con resultados. Es decir, no es posible que más de dos mil funcionarios hayan decidido mantenerse al margen de la ley al no presentar sus declaraciones juradas de bienes.
¿A qué temen? ¿Qué esconden? ¿Piensan enriquecerse desde el Estado? Son algunas de las preguntas que pueden surgen ante la resistencia de esos incumbentes de diferentes esferas públicas a los que la Cámara de Cuentas ha emplazado para que cumplan con la ley en un plazo de 30 días, después de la juramentación del presidente Danilo Medina para otro periodo gubernamental.
¿Por qué esperarte tanto? ¿Por qué tanto plazo? Sencillamente, las instancias judiciales deben actuar, por medio de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, para obligar a esas personas a declarar sus propiedades dentro del marco de lo que establece la ley, que tiene las previsiones pertinentes que deben ser cumplidas para que ciertamente prevalezca la transparencia en el buen manejo de los recursos públicos.
Pero la Cámara de Cuentas no debe quedarse en simples enunciados y amenazas, sino que tiene que identificar a esos funcionarios que al colocado por encima de la institucionalidad y las reglamentaciones que existen en el país.
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