SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El sistema judicial dominicano acuña un total descrédito que viene dado por la facilitad como los narcotraficantes y otras personas envueltas en el crimen organizado logran su libertad, muchas veces bajo el amparo de órdenes que ameritan del total cuestionamiento público.
Muchos de los fallos en conocidos escándalos de corrupción vienen a constituir burlas que generan la repulsa, pero en su mayoría estas sentencias cuentan con el patrocinio de sectores políticos y económicos que diezman la institucionalidad del país.
La alarma colectiva se ha activado ante el pus inclemente que emana el Poder Judicial con dictámenes que no generan la confianza de la colectividad nacional.
En el país se juega al olvido colectivo. Y ciertamente los escándalos se barajan por algunos días y luego la población se desinteresa al sentirse totalmente burlada.
La desprotección de la ciudadanía constituye otro de los elementos que motivan el descrédito que adolece el sistema judicial.
Con certeza el empresario Franklin Báez Brugal proclamó en el marco de un almuerzo de la Asociación Dominicana de Zonas Francas que “un país donde la Justicia se desenvuelve con debilidades institucionales deja a sus ciudadanos indefensos y desprotegidos a merced de la ambición de los poderosos, la voracidad de los políticos y el antojo de los delincuentes, resguardados por la impunidad”, según una publicación del matutino gratuito EL DÍA.
Esta preocupación no es nueva, pero nunca ha concitado la atención de los poderes fácticos, mucho menos del liderazgo político.
La Justicia se mueve de acuerdo al péndulo que favorezca a los sectores entroncados en las esferas de poder. La población nunca ha importado.
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