La JCE, la nueva cédula y el voto en 2028

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana. Desde Nueva York, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez, ha puesto en debate un tema que habrá de generar confianza y preocupación, no solo en los partidos, sino en toda la sociedad: la expedición de una nueva cédula y las elecciones generales de 2028.

En representación del pleno del organismo, Jáquez da por sentada la oposición al voto en esos comicios con un documento diferente a la cédula.

“Con todo el respeto que merecen los poderes del Estado, sobre todo el Poder Legislativo, la JCE se opone radicalmente al uso de otro documento que no sea la cédula de identidad y electoral para ejercer el derecho al voto. Es el único documento mencionado constitucionalmente, no se puede usar otro y esto es lo que vamos a apoyar”, argumentó Jáquez.

El caso plantea dos hipótesis: la primera, que la JCE está muy segura que la empresa que le fue adjudicado el proceso de la cédula nueva, con una inversión por encima de los 6 mil millones de pesos, está en capacidad de cumplir con el compromiso previo al mandato constitucional para los comicios venideros.

El segundo escenario sería que la Junta Central Electoral se vería obligada a dictaminar la vigencia del actual documento de identidad, lo que haría por resolución y en violación a la ley que establece la expedición de un carnet revestido de mayor seguridad al ser dotado de más tecnología, por el ejemplo los datos biométricos de los ciudadanos.

No podemos estar tranquilos por el hecho de que Jáquez y el pleno de la Junta expresen oposición a la posibilidad del voto con un documento diferente a la cédula, sino que debemos velar para que desde el Estado  prevalezca el compromiso de erogar los recursos que se necesiten para ese proceso.

La democracia no tiene precio y muchas veces se logra con el flujo de sangre de quienes aspiran a vivir en libertad, por lo que la inversión que se requiera, sin importar las cifras, no puede ser obstáculo para mantener al país por el fortalecimiento institucional ganado al paso de los años.

Los partidos, de su lado, no solo deben ser garantes del cumplimiento del mandato del régimen electoral, sino que tienen que involucrarse para que los más de 9 millones de ciudadanos previstos para cedularse, acaten las disposiciones emanadas desde la Junta.

El sistema político y electoral goza de una alta credibilidad, venida de la modernización del régimen establecido y por la madurez política exhibida por los partidos y la ciudadanía, lo que queda demostrado con una activa participación en cada proceso comicial.

Y es un compromiso colectivo, cuidar y velar por el fortalecimiento de la democracia, con un significativo enfoque en la preservación de la soberanía nacional.