Procuraduría allana la Cámara de Cuentas para salvaguardar informaciones por investigación sobre corrupción

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El Ministerio Público procura salvaguardar informaciones al intervenir la sede principal de la Cámara de Cuentas en el marco de una investigación sobre supuesta obstrucción de la Justicia en algunos expedientes contra la corrupción en el pasado Gobierno.

Desde las primeras horas de este lunes, un contingente militar y policial intervino de las instalaciones de la Cámara de Cuentas bajo las directrices del titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción y la Directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho y Yenny Berenice Reynoso, respectivamente.

En un comunicado, la Procuraduría informó que un amplio equipo de fiscales realiza diversas acciones encaminadas a salvaguardar las informaciones que busca el Ministerio Público en el organismo fiscalizador.

La intervención fue denominada “La Operación Caracol”, integrada por un amplio contingente policial, conformado por decenas de agentes de la Policía Nacional, incluyendo por integrantes del equipo Swat, quienes tomaron el control perimetral del edificio desde este lunes.

En el allanamiento de la Cámara de Cuentas participan miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Además del presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, son investigados por corrupción Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noé Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes gozan de privilegio de jurisdicción.

La Procuraduría informó que el allanamiento de este lunes se produce con base a la resolución 01-2021, dictada el 18 de febrero por la jueza de la Segunda Sala Peña de la Suprema Corte de Justicia, María Garabito Ramírez.

El allanamiento en la sede de la Cámara de Cuentas forma parte de las investigaciones por delitos de corrupción administrativa, incluyendo la obstrucción de la Justicia y lavado de activos.

También las autoridades investigan al organismo por la coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.