Si bien la democracia dominicana ha madurado al paso de los años, con muchos tropezados y sangre, la verdad es que a veces surgen visos de resquebrajamientos, principalmente en el poder con relación al respeto de las leyes y de la propia Constitución.
El brazo del sistema jurídico sólo se extiende para los sectores menos pudientes, mientras es benevolente para los más pudientes.
El sistema político sólo opera para favorecer a grupos de las diferentes cúpulas de los partidos, principalmente cuando existe alguna confabulación con los poderes fácticos.
El enriquecimiento, no importa por cuál vía, influye mucho en el ejercicio de las instancias del Estado y de la misma sociedad.
La verdad es que el país debe caminar por la vía de la institucionalidad, con una justicia amparada en el cumplimiento de las leyes y sin mirar quiénes serían juzgados de acuerdo a los hechos cometidos y las infracciones morales y jurídicas.
La sociedad dominicana transitará por el proceso de institucionalidad que urge desde hace años, cuando el poder político no se inmiscuya en las instancias judiciales, principalmente en el nombramiento de los magistrados responsables de velar el equilibrio social mediante la correcta interpretación y aplicación de las leyes.
Argentina acaba de dar un ejemplo fehaciente de su proceso institucional.
El pasado sábado, el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, fue enviado a un proceso judicial bajo la acusación de presuntos delitos de cohecho (soborno) y negociaciones con la función pública. Es la primera vez en la historia argentina que un funcionario de alta investidura es enviado a las instancias judiciales. Boudou está en el cargado por el voto popular desde 2011 con la elección de la presidenta Cristina Fernández de Kirnchner.
En la República Dominicana, en tanto, existe siempre aprehensión y dudas cuando un funcionario, no importa su jerarquía, es citado en corrupción. Nadie cree que aparecerá un juez con valor y capacidad para encauzarlo a los tribunales, por temor a la presión política y por la amenaza de ser destituido.
El caso más palpable lo constituye el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, quien ha tratado con presión política y de su jerarquía política obstruir que la Fiscalía del Distrito Nacional simplemente lo investiga sobre la acusación de prevaricación y lavado de dinero en el ejercicio de las funciones en esa cartera.
Este funcionario se siente inmune y superior a la persecución judicial, por lo que incluso ha pretendido que la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional modifique un articulado de la Carta Magna para que se declare inconstitucional en torno a que la ciudadanía no puede ni debe instrumentar expedientes contra funcionarios públicos por corrupción.
Los hechos en torno al caso Díaz Rúa están a la vista de todos, como el enfrentamiento entre la jueza de Instrucción, Margarita Cristo Cristo, que ventila el expediente, con la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, que entiende que existen elementos contundentes para que este cercano colaborador del expresidente Leonel Fernández tengan que responder ante los tribunales.
Entonces, así nunca habrá fortalecimiento de nuestra institucionalidad y siempre los dominicanos viviremos amparados en una débil democracia y de un Poder Judicial que sólo procesa a los marginados con penas máximas, mientras existe una clase que se considera hasta por encima de Dios.
Así no.
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