SANTO DOMINGO.- El Poder Judicial es el blanco de las críticas de diferentes sectores, como consecuencia de los fallos favorables emitidos por la Suprema Corte de Justicia y de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo para el senador Félix Bautista y el alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez.
Se ha advertido sobre el peligro de que la Justicia se desplome hasta el descrédito colectivo y ningún dominicano deposite su confianza en los jueces, por lo que ha surgido la arma del sector empresarial, de los partidos políticos y de otros sectores sensatos de la República Dominicana.
La principal voz de cuestionamientos sobre esos fallos de la judicatura la ha tenido el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, quien ha manifestado su total preocupación por el sistema de impunidad que ha beneficiado al senador Bautista y al alcalde Rodríguez.
La reacción del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, ha sido calificar de irrespetuoso al procurador por el simple hecho de defender los expedientes tramitados por el Ministerio Público contra el legislador y el alcalde del Partido de la Liberación Dominicana.
Ciertamente que este conflicto desata la alarma entre los dominicanos.
El procurador Domínguez Brito juega su rol de persecutor del crimen y de la corrupción administrativa, por lo que no se justifica las críticas del presidente de la Suprema para neutralizar ese clamor del funcionario y de los demás sectores que se han atrincherado para advertir sobre el descrédito del Poder Judicial.
La visión colectiva que hay en el país es que la Justicia sólo se aplica para los sectores sin representación ni tráfico de influencias, nunca contra las personas de arraigo en los partidos o en las áreas de poder.
De ahí que se critica la sentencia de No ha Lugar para el senador Bautista y el descargo a favor del alcalde de San Francisco de Macorís.
La ciudadanía lo que quiere y reclama es que esos dirigentes peledeístas tengan la oportunidad de defender y refutar las acusaciones del Ministerio Público en debates públicos y contradictorios en los tribunales, nunca que los procesos sean cercenados por instancias del Poder Judicial por asuntos políticos o económicos.
La Justicia debe tener una venda para juzgar a todos los ciudadanos con la misma vara, sin apasionamiento partidario ni influencias al margen de las leyes.
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