SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las presiones deben venir desde el exterior para que nuestras autoridades reaccionen sobre temas tan espinosos como la denuncia de un supuesto soborno de 3.5 millones de dólares en la compra de ocho aviones Súper Tucano a la Empresa Brasileña de Aviación (Embraer).
Esta compañía ha admitido que ciertamente hizo un pago a oficiales de República Dominicana para agilizar y materializar la compra y venta de esas aeronaves al Gobierno por un monto de 92 millones de dólares.
Sin embargo, el caso parecía desfallecer en el orden judicial hasta que Embraer ha reconocido esta irregularidad y tendrá que pagar una multa de 205 millones de dólares.
De los implicados en el país sobre ese supuesto soborno sólo está arrestado el coronel de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Carlos Piccini, mientras que el exsecretario de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio y los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández gozan de libertad condicionada.
El caso se ha activado por revelaciones nuevas provenientes desde Estados Unidos y Brasil, pero la población aguarda por acciones concretas de parte del Gobierno y del Ministerio Público sobre la realidad de los hechos y si realmente los acusados por estas imputaciones tienen o no responsabilidad en una maniobra fraudulenta en perjuicio del Estado.
En la acusación conocida, el Ministerio Público ha establecido que para el aspecto que tiene que ver con la compra de los aviones, el soborno asciende a US$3 millones 520 mil dólares, que fueron traídos al país por diferentes vías y en diferentes partidas, a través de la empresa 4D Bussiness Groups, S.A., y/o Kantor, propiedad de Aquino Méndez y Aquino Hernández.
Si bien el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ha planteado que la investigación sigue abierta y que se aplicará todo el peso de la ley, lo que se aguarda es que las autoridades ofrezcan detalles confiables sobre las informaciones que se disponen junto a Estados Unidos y Brasil, como forma de despejar la duda sobre cualquier intención dirigida a garantizar impunidad para los implicados, en base a privilegios políticos y de amistad con cierta esfera del poder.
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