SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Si bien desde 2009 se denunciaban supuestas irregularidades en las negociaciones para la adquisición de los ocho aviones Super Tucano, nuevamente la Justicia tiene una gran oportunidad para actuar apegada a las expectativas de la población en caso de que existan elementos de juicio para que los posibles culpables, de haberse cometido el hecho, puedan ser procesados y paguen sus errores en la cárcel.
El presunto soborno de 3.5 millones de dólares fue advertido tan pronto se concretó la compra y venta de las aeronaves con la idea de preservar el espacio aéreo del país contra el crimen organizado y el trasiego de drogas. El monto total fue de 94 millones de pesos. Sin embargo, se ha denunciado que la Empresa Brasileña de Aeronáutica tuvo que desembolsar la cantidad del soborno para facilitar la aprobación de la transacción en el Congreso Nacional, principalmente en el Senado de la República. La mayor presión sobre este caso viene desde el exterior, lo que representa un hecho lamentable.
Por la dimensión interna y externa que ya ha adquirido este caso, tanto el Gobierno -por medio del Ministerio Público- como el Poder Judicial están obligados a ofrecer explicaciones claras sobre todo el negocio que implicó la compra de esos aviones, y además de establecerse la transparencia y las irregularidades que pudieron cometerse para el beneficio de particulares y en perjuicio de los intereses del país, lo que finalmente ahora está en manos de la judicatura.
De los testimonios del exsecretario de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, del coronel Carlos Piccini y de los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, al igual que de las pruebas que pueda acumular la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, habrá de establecerse el organigrama sobre las negociaciones para que hoy la Fuerza Aérea tengan esos aviones bajo su responsabilidad.
Ha llegado el momento de actuar con firmeza contra el crimen, el narcotráfico y la corrupción en el terreno que estipulan las leyes del país. Sin extremos, pero con el garrote que ayude a adecentar el accionar de los diferentes funcionarios del Estado y de los representantes de la sociedad.
Nadie, no importa el rango militar ni la influencia política, puede ni deber situarse por encima de la Constitución y del orden jurídico.
Una nueva oportunidad en poder de la Justicia, que últimamente ha sido muy cuestionado, para evaluar los elementos que envuelven las denuncias del alegado soborno en torno a los Super Tucano. Sencillamente, los responsables de aplicar la ley en esta situación deben ponerse una venda en los ojos y actuar en la línea trazada en la jurisdicción competente. Los culpables que respondan en la cárcel y los inocentes que asimilen la experiencia para que no pretendan involucrarse en ningún hecho reñido con el orden establecido en la Constitución.
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