Tribunal conoce este viernes recurso de Amparo contra gravamen de las compras por internet

SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Administrativo conocerá este viernes el recurso de Amparo preventivo que interpusieron la Fundación Justicia y Transparencia, la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico contra la decisión de la Dirección de Aduanas de establecer un impuesto a las compras por internet.

Tribunal Administrativo Superior.
Tribunal Administrativo Superior.

La medida afectará a los clientes de las empresas de despacho expreso de envíos que realicen compras por internet inferiores a los 200 dólares, operación que hasta ahora estaba exenta del pago de tributo, pero que comenzará a cobrarse a partir del día 15 de agosto.

Las entidades que interpusieron el recurso procuran que Aduanas violente disposiciones legales, incluyendo la Constitución y tratados internacionales, como el decreto 402-05 de fecha 26 de julio de 2015 emitido por el expresidente Leonel Fernández, la Ley 277.12 y la Ley 358-05 sobre la protección de derechos al consumidor o usuario, además de los artículos 53,93 y 110 de la Constitución y el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y Centroamérica.

La Fundación Justicia y Transparencia advirtió que llegará el caso hasta las últimas consecuencias si la Dirección de Aduanas persiste en aplicar el cobro del 18 por ciento del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) a las compras por internet.

Trajano Potentini, presidente de la entidad, llamó a la población dominicana a empoderarse, reclamando cívicamente el respeto a las leyes y a la institucionalidad del país.

Instó a la ciudadanía a acudir este viernes a la audiencia del Tribunal Superior Administrativo a hacer causa común con las entidades que han presentado el recurso de Amparo.

Mientras en un comunicado, publicado por www.paginaextra.com.do, el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Aduanas y la Dirección de Impuestos Internos se precisa que no se violenta la Constitución ni ninguna ley, como tampoco acuerdos internacionales, al aplicarse la norma de gravar las compras por internet.

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