DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El diputado o diputada que venda su voto, mediante pago de dinero, dádivas, promesas o de cualquier otra forma, para modificar la Constitución y establecer la reelección presidencial, es pasible de sanciones de hasta 20 años de prisión, por delitos de soborno y lavado de activos, así lo afirmaron los dirigentesdel Partido Revolucionario Dominicano representados en la corriente Por el Rescate del PRD, fundamentados enla Ley 155-17 que establece el soborno como delito precedente de lavado de activos y la Constitución en su art. 146 prohíbe toda forma de corrupción.
Para Tonty Rutinel, Ruddy González, Guido Gómez Mazara, Papito Martínez, César Guzmán y Andrés Henríquez, el hecho de que Miguel Vargas Maldonado insista en mantenerse administrando las siglas del PRD, en franca desobediencia de la sentencia del TSE, es el resultado de un acuerdo con las fuerzas oficialistas que destinan recursos públicos incalculables para cambiar legisladores de sus respectivas organizaciones y hacerlos llegar al partido blanco, para desde allí, incrementar el número de diputados dispuestos a saltar hacia la reelección.
Señalaron que la reacción oficialista respecto de la sentencia que obliga a una celebración del proceso convencional del PRD provocó la ruptura de un esquema planificado por el poder político y en un acto excesivo, atropellante y desconocedor de la independencia del poder judicial posibilitó que el Ministro Administrativo José Ramón Peralta y procurador general Jean Alain Rodríguez asumieran un rol sin precedentes en la vida institucional pretendiendo trazarle pautas al TSE, adquiriendo categoría traumática para el desarrollo de la democracia cuando el presidente del senado y secretario general del partido gobernante amenazó con llevar a juicio político a los magistrados Jáquez, Peralta y Sosa.
Los dirigentes del PRD definieron que la existencia de audios donde diputados asocian al partido blanco en todo un tinglado de compras y montos específicos para favorecer la modificación constitucional revela la noción de “centro de compra” prevaleciente para los fines oficialistas, haciendo de Miguel Vargas Maldonado, el orquestador por excelencia de saltos e ingresos que esperan a cambio un gobierno decidido a mantenerlo administrado las siglas como “regalo” por su inefable trabajo a favor de los planes continuistas.
Finalmente, reiteraron su compromiso de luchar en la preservación del PRD y solicitaron a sectores oficialistas a dejar de insistir en promesas indecorosas a legisladores con el fin de hacerlos ingresar al partido blanco mediante mecanismos indecentes porque en los próximos días llevarán ante las instancias competentes denuncias concretas, con nombres específicos y situaciones económicas “a salvar” como parte del plan de reforma constitucional.
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