Procuraduría dará conclusiones preliminares de investigaciones sobre el caso de Dican

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República ofrecerá detalles sobre las investigaciones que encamina contra varios implicados en un supuesto robo de cocaína en la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional, estimado en más de 100 millones de pesos, y en cuyo caso se vinculan a dos fiscales adjuntos, varios oficiales y agentes de la uniformada.

Francisco Domínguez Brito, procurador general de la República.
Francisco Domínguez Brito, procurador general de la República.

Los pormenores serán revelados luego de que la noche de este lunes aún el Ministerio Público realizaba interrogatorios a varios acusados de la sustracción de 1,200 kilos de cocaína y por el hecho será tramitada la petición de medida de coerción contra los que habrían participado en ese hecho.

En una información que recoge el periódico Listín Diario, firmada por el periodista Ramón Benzán, se precisa que el procurador general Francisco Domínguez Brito ha informado que este martes que se adoptarán las decisiones que podrían abarcar arresto contra la mayoría de los involucrados en el robo y la solicitud de medida de coerción.

En el caso faltan algunas personas por ser interrogadas, y el inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, no descarta que puedan surgir otros implicados durante el proceso de investigación que realiza la Procuraduría General de la República.

Las autoridades judiciales trabajan para enviar este martes el voluminoso expediente con las acusaciones que serán formuladas a las personas que alegadamente habrían participado en el robo y posterior venta de los 1,200 kilos de cocaína.

Entre las primeras medidas puestas en marcha contra los fiscales adjuntos Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro, el Departamento de Inspectoría del Ministerio Público ha solicitado su suspensión del cargo ante el Consejo Superior del Ministerio Público hasta tanto concluyan las investigaciones y se determine si existe alguna culpabilidad o no en los hechos que se les imputan.

A esos funcionarios judiciales suspendidos se les acusa de haber participado en un allanamiento realizado el pasado 27 de septiembre en una residencia del ensanche Isabelita, en el municipio Santo Domingo Este.

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