Pro Consumidor cierra 27 comercios por fraude con las tarjetas de ayudas sociales del gobierno

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.-

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) informó que cerró un total de 27 comercios adheridos a la Red de Abastecimiento Social (RAS) por estos haber cometido fraude con las tarjetas de ayudas sociales que otorga el gobierno a las personas en situación de pobreza.

El director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, explicó que la entidad que dirige realizó varios operativos en diferentes puntos del país y tras comprobarse estas irregularidades dispuso como medida cautelar “la suspensión inmediata de las actividades comerciales de estos establecimientos”.

El funcionario dijo que estos operativos se llevaron a cabo dando cumplimiento al acuerdo firmado recientemente entre Pro Consumidor y la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) para inspeccionar, fiscalizar y sancionar a los comercios de la Red de Abastecimiento Social que incurran en malas prácticas comerciales en perjuicio de las personas que se benefician de los programas sociales del Estado.

Manifestó que los operativos de inspección y las suspensiones de las actividades comerciales de estos  establecimientos fueron realizados atendiendo a las constantes denuncias y reclamaciones que llegaban a  ADESS por parte de personas afectadas por esta mala práctica comercial.

Alcántara explicó que del 1 de marzo al 2 de abril de 2023, se recibieron por vía de Administradora de Subsidios Sociales denuncias de los beneficiarios del plan de subsidios sociales “referentes al no reconocimiento de los consumos realizados en estos establecimientos”.

 Asimismo, el funcionario dijo que según la resolución se pudo evidenciar que desde el primero de diciembre del año 2022 al 28 de febrero de 2023 fueron descontados de forma fraudulenta los montos acreditados por la Administradora de Subsidios Sociales a los denunciantes.

Alcántara explicó que los establecimientos comerciales que fueron cerrados se encuentran ubicados principalmente en las provincias de San Juan, Santo Domingo, Bahoruco, Barahona, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Distrito Nacional y otras.

Dijo que estos operativos continuarán realizándose para garantizar los derechos de los consumidores que reciben estas ayudas sociales y evitar que sigan cometiéndose estos fraudes.

“Estas jornadas de inspección serán de forma permanente y los comercios que se les encuentren cometiendo estas irregularidades serán cerrados como lo establece la Ley 358-05 de Protección al Consumidor”, expresó.

El titular de Pro Consumidor indicó, asimismo, que con esta acción se busca proteger a los consumidores beneficiarios de este tipo de ayuda social, de la cual el gobierno destina mensualmente más de tres mil millones de pesos.

Recordó que el convenio firmado con el director general de la Administradora de Subsidios Sociales, Catalino (Freddy) Correa Hiciano, busca promover una gestión de la actividad comercial más eficiente y amigable entre los establecimientos adheridos a la RAS “y en beneficio de las personas participantes de los programas de protección social creados por el gobierno dominicano, garantizando con ello una mayor inclusión y el alcance de los objetivos de erradicación de la pobreza”.

Eddy Alcántara señaló que los beneficiarios estaban siendo objeto de timación por parte de comerciantes en complicidad con sectores delincuenciales, afectando tanto el programa, como los intereses de los consumidores y al propio Estado dominicano.

Indicó que de comprobarse la violación a las disposiciones legales en perjuicio de la población consumidora nacional, podría ser iniciado en contra de estos negocios un procedimiento administrativo sancionador por violentar las disposiciones de la Ley 358-05 y otras leyes sectoriales, “como también las acciones penales en contra de los propietarios de estos establecimientos comerciales”.

Dijo finalmente, que los expedientes de los negocios cerrados por malas prácticas comerciales serán remitidos al Ministerio Público para que empiecen las acciones penales correspondientes.