Pro-Competencia investiga a dos empresas por presunta colusión en licitaciones públicas

La resolución que da apertura a la investigación indica que existen indicios suficientes de posibles acuerdos colusorios entre ambas empresas, destacándose similitudes relevantes en las ofertas técnicas y económicas presentadas en los distintos procesos de compra, así como el uso del mismo notario público, a pesar de que ambas compañías están ubicadas en provincias diferentes. Este patrón podría revelar una coordinación ilícita entre las empresas participantes con el objetivo de manipular las condiciones de competencia y obtener ventajas indebidas en la adjudicación de contratos para el suministro de alimentos crudos.

“Estos indicios sugieren que ambas empresas habrían actuado como una unidad de control y dirección, con estrategias comunes orientadas a falsear la libre competencia en detrimento del interés público”, precisa el documento.

No obstante, la Dirección Ejecutiva de Pro-Competencia aclaró que la apertura de esta investigación no implica prejuzgamiento ni constituye una presunción de culpabilidad, sino que se trata de una etapa inicial dentro del debido proceso legal con el propósito de esclarecer los hechos y reunir pruebas que confirmen o descarten la existencia de una infracción.

Ambas compañías fueron formalmente notificadas de la apertura del expediente y cuentan con un plazo de 20 días hábiles para responder y ejercer su derecho de defensa, conforme al marco legal vigente. Asimismo, fueron informados el Consejo Directivo de Pro-Competencia, la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas y los Comedores Económicos del Estado, precisa la Dirección Ejecutiva.

Las acciones investigadas podrían constituir una violación al artículo 5 de la Ley General de Defensa de la Competencia (No. 42-08), que prohíbe expresamente los acuerdos entre empresas que limiten o distorsionen la competencia en los procesos de contratación pública, incluyendo la fijación de precios o condiciones de manera concertada, lo cual conlleva una sanción que oscila entre multas mínimas equivalentes a 30 veces el salario mínimo, y máximas equivalentes a 3,000 veces el salario mínimo.

Estas prácticas, de comprobarse, afectan directamente la eficiencia del gasto público y vulneran los principios de equidad y transparencia que deben regir las compras del Estado, aclara el organismo.