PC critica exclusión de sociedad civil de discusión sobre ley de partidos

SANTO DOMINGO.- El movimiento cívico Participación Ciudadana lamentó que las organizaciones de la sociedad civil no fueran invitadas a participar en la reunión celebrada el día  25 de febrero, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM),  con comisiones de algunos partidos políticos y monseñor Agripino Núñez Collado.  Fueron  excluidas, instituciones que por décadas han trabajado y reclamado ese instrumento legal.

La organización cívica calificó como una amenaza “que se genere un consenso en el que  solo participen algunos partidos políticos” de los cuales, en ocasiones anteriores, han formado parte de otros acuerdos que han lacerado la democracia dominicana. “Si hubiera interés de que se apruebe una propuesta de ley que fortalezca los partidos, su democracia interna y la transparencia,  la convocatoria se habría realizado dentro de la más amplia participación, no solo de la sociedad civil, sino de todos los partidos y  agrupaciones políticas” agregó el movimiento no partidista.

El proyecto de ley de Partidos y Agrupaciones Políticas sometido por el PLD, llega después que comisiones de diputados e incluso bicamerales, han pasado varias legislaturas discutiendo unas cuatro propuestas, incluyendo la presentada por la JCE. Es lamentable que después de mucho tiempo de trabajo colectivo, se desconozcan aspectos importantes que han figurado en la generalidad de los consensos alcanzados en 16 años de discusiones, lo que implica que en estos momentos hay una intención de lograr un acuerdo sobre la base del proyecto PLD.

Participación Ciudadana consideróinaceptable  las carencias identificadas en la propuesta de ley del PLD,  de las cuales fijó posición y entregó por escrito  la Dra. Sonia Díaz Inoa, Coordinadora General, en manos del diputado Henry Merán, presidente de la Comisión Especial para el estudio de la proyecto de ley Partidos y Agrupaciones Políticas.

Dentro de los puntos cuestionados de la propuesta del PLD esta la eliminación del párrafo III del artículo 53 del proyecto JCE que “prohíbe el uso de recursos públicos provenientes de cualquiera de los poderes e instituciones del Estado, incluyendo los ayuntamientos municipales, para financiar actividades de rentabilidad electoral particular, inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales de obras construidas por cualquiera de sus instancias durante el período correspondiente a seis meses del día de las elecciones generales”.   Por otro lado, la laxitud en la transparencia y rendición de cuentas es manifiesta cuando el proyecto del PLD elimina la letra c del artículo 62 del proyecto JCE que instituye: “Llevar un registro de contribuyentes, el cual contendrá los nombres y apellidos de los contribuyentes, así como la cédula de Identidad y Electoral, la dirección y el monto de la contribución. Este registro será visado por la Junta Central Electoral cuando lo considere pertinente”; entre otros.

Asimismo, está ausente un límite al gasto de los candidatos y la información a los electores sobre el mismo y las fuentes de financiamiento, elementos fundamentales para reducir el costo de la democracia dominicana, el abuso de los recursos estatales y del financiamiento de fuentes ilícitas, que garanticen una competencia más equitativa.