Participación Ciudadana insta a partidos a prevenir el financiamiento ilícito en actividad política

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.-. El movimiento cívico Participación Ciudadana hizo un llamado a los sectores económicos, al Gobierno y a los partidos para que eviten que personas y recursos provenientes del narcotráfico se inserten en la economía y en el sistema político dominicano.

La entidad hace el llamado a raíz de las últimas informaciones referentes a figuras de altas esferas del empresariado, con estrechos vínculos con el poder político, principalmente con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que actualmente lidera el Gobierno dominicano, y que están vinculadas con actividades de narcotráfico y lavado de activos.

Se informó que esta situación ha generado justificadas preocupaciones en la sociedad dominicana sobre la eficacia de los mecanismos de control del Estado, tanto de los organismos especializados de supervisión como de los sujetos obligados, financieros y no financieros, en el marco de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Es importante comprender que en el país se debe evitar que “personas vinculadas con estas actividades ilícitas se infiltren en la actividad económica nacional”.

“Asimismo, es urgente que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos fortalezcan los controles en sus mecanismos de afiliación y en la recepción de financiamiento privado, tanto directo como indirecto, para evitar la afectación del sistema de partidos dominicano”, agregó en un comunicado.

Participación Ciudadana reiteró su llamado a que los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, así como los candidatos de manera individual, sean considerados sujetos obligados no financieros en el marco de la Ley 155-17 de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Esto “les obligaría a realizar diligencias debidas ampliadas sobre el origen de los fondos de las personas que realizan aportes económicos privados para las campañas electorales, lo que dificultaría el acceso de fondos provenientes del narcotráfico y de otros delitos precedentes”.

“En referencia al actual partido de gobierno (PRM), aunque ha emitido un comunicado oficial desligándose de las actividades ilícitas de los miembros y vinculados a esa organización política, alegando la responsabilidad penal individual de los actos que se imputan a estas personas y de otras que ya han admitido su culpabilidad y recibido condenas”, precisó.

La organización no partidista entiende que ese partido tiene una cuota de responsabilidad al permitir el acceso a sus filas y/o al financiamiento directo e indirecto de sus actividades político-electorales. Por lo tanto, “deberá tomar medidas drásticas para evitar situaciones tan escandalosas como la que hoy enfrenta, debido a los innumerables casos destapados en los últimos años, en su mayoría vinculados a esa organización política. Entre estos casos se encuentran el del exdiputado Miguel Gutiérrez del PRM, condenado a 16 años de prisión en los Estados Unidos, y el de la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, también exlegisladora de ese partido en la provincia de La Vega, condenada a cinco años de prisión. Además, se mencionan los legisladores Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero y Héctor Félix, así como alcaldes y regidores de ese partido, como el regidor del DN Edickson Herrera. También se incluyen casos más recientes que involucran a Fabio Augusto Jorge y Gaspar A. Polanco, quienes han sido solicitados en extradición o requeridos por el gobierno de los Estados Unidos, y que, además, desarrollaban actividades económicas y empresariales con relativa normalidad sin levantar alertas en los sistemas de control”.

Afirmó que, en muchos casos, las actividades sospechosas de los hoy investigados o condenados formaban parte del vox populi, o rumor público, en las comunidades y círculos en los que se desenvolvían, lo cual debió ser conocido por sus dirigentes locales.

“Por estas razones, reclamamos al Comité Nacional contra el Lavado de Activos, integrado por el Presidente del Consejo Nacional de Drogas, la magistrada Procuradora General de la República, el Ministro de Hacienda, la Superintendencia de Bancos y la Dirección Nacional de Control de Drogas, que haga uso del poder reglamentario que le otorga la ley y clasifique a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como a los candidatos, como sujetos obligados no financieros, con todos los efectos que dispone la ley”, precisó Participación Ciudadana.