SANTO DOMINGO.- El Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano (PED) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) dijo que un total de 3,901 funcionarios municipales y 105 diputados y exdiputados no han presentado la declaración jurada de patrimonio prevista en la Ley 311-14 y que hasta la fecha no han sido sancionados por las autoridades dominicanas que se mantienen sin aplicar el régimen de consecuencias legal previsto para estos casos de incumplimiento.
El director del (PED) Fernado Rerrán, explicó que la ley obliga a todos esos servidores y exservidores públicos a depositar su declaración jurada en un plazo máximo de 30 días contados a partir de su toma de posesión o su salida del cargo el pasado 16 de agosto 2016.
El laboratorio en su último informe, dijo que “resulta contradictoria la violación a la ley de parte de legisladores que rehuyen someter sus respectivas declaraciones jurada de patrimonio, y tanto más siendo ellos mismos que fueron o son miembros de ese poder colegiado del Estado responsable de escribir la letra y de infundirle espíritu a la Ley 311-14”.
Ferrán, puntualizó la observación de la violación a la Ley 311-14 en que incurren legisladores y funcionarios municipales.Dijo que la Procuraduría General de la República se apoya en declaraciones juradas para respaldar las imputaciones sobre corrupción administrativa, contra algunos servidores del Estado que busca procesar por enriquecimiento ilícito.
Fernando Ferrán recordó, en ese contexto, el escándalo reciente que llevó a la destitución de Diandino Peña de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), a raíz de un reportaje de la periodista, Alicia Ortega, que mostraba “serias contradicciones” entre su participación accionaria en diversas empresas y el patrimonio declarado bajo juramento.
En contraste con los hallazgos de cumplimiento en la Cámara de Diputados, en el Senado todos menos un exfuncionario han depositado su declaración jurada de patrimonio.
“Se mantiene la impunidad que beneficia a todo incumbente o exfuncionario que por uno u otro motivo incumple la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio y su Reglamento, debido a la ausencia casi absoluta de sanciones disciplinarias y/o penales de parte de sus respectivos superiores jerárquicos, así como de la Procuraduría General y de la Tesorería Nacional”, afirma el boletín del PED.
El boletín denuncia además “el incumplimiento reiterado” de la Ley 200-04, en materia de Libre Acceso a la Información Pública, de las entidades llamadas a mantener a disposición de todos los ciudadanos los datos actualizados sobre las declaraciones juradas de patrimonio de los servidores.
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