Jueza de la Suprema rechaza hábeas corpus a favor de Andrés Bautista, preso por el caso Odebrecht

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- La jueza de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Clara Almonte, declaró inadmisible el recurso de hábeas corpus que interpusieron los abogados del presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista, para que fuera liberado hasta tanto se decida sobre una apelación sobre su prisión en la cárcel de Najayo, en San Cristóbal.-.

Bautista está acusado junto a otras catorce personas de supuestamente haber recibido soborno de la empresa Odebrecht.-.

Abogados Antoliano Peralta y Carlos Salcedo presentaron recurso a favor de Andrés Bautista.
Abogados Antoliano Peralta y Carlos Salcedo presentaron recurso a favor de Andrés Bautista.

Así lo informó el abogado Carlos Salcedo, quien defiende a Bautista junto a Antoliano Peralta ante la acusación formulada por la Procuraduría General de la República.

Los juristas pidieron que el presidente del PRM goce de la libertad hasta tanto la Suprema Corte de Justicia decida sobre la apelación presentada contra la coerción que le impuso el magistrado de ese mismo tribunal Francisco Ortega Polanco, relativa a prisión en la cárcel de Najayo.

Además de Bautista guardan prisión Temístocles Montás, exministro de Industria y Comercio; Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas; César Sánchez, exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales; el empresario Ángel Rondón, el abogado Conrado Pittaluga, el exdiputado Ruddy González y Máximo D’Óleo.

Con prisión domiciliaria se encuentran Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, y Radhamés Segura, exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales.

En tanto que a los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el diputado Alfredo Pacheco les fue impuesta una garantía económica de 5 millones de pesos.

Según la Procuraduría, estos exfuncionarios y legisladores habrían recibido los 92 millones de dólares que la constructora Odebrecht había revelado que pagó en el país para ser beneficiada con la adjudicación de obras del Estado durante el periodo 2001-2014.

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