Juez de la Suprema ventila coerción contra implicados por Procuraduría en sobornos Odebrecht

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, continúa el conocimiento de la medida de coerción contra los catorce implicados por la Procuraduría General de la República en un expediente acusados de recibir sobornos de la constructora Odebrecht, mientras el Ministerio Público ha ratificado que se imponga una prisión preventiva de 18 meses en las cárceles de La Victoria y Najayo, en la provincia San Cristóbal.

La audiencia fue reanudada por el magistrado después de las dos de la tarde de este martes con la exposición de los abogados de la defensa de los acusados, quienes refutaron las acusaciones presentadas por el Ministerio Público sobre alegada malversación de fondos, lavado de activos y prevaricación.

Francisco Ortega, juez de la Suprema Corte de Justicia.
Francisco Ortega, juez de la Suprema Corte de Justicia.

En su presentación, los representantes del Ministerio Público pidieron prisión preventiva bajo el alegato de peligro de fuga por parte de Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio; Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno; Roberto Rodrìguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillada; Radhamés Segura y César Sánchez, exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, el empresario Ángel Rondón y el abogado Conrado Pittaluga, así como el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y Máximo D’Óleo.

También el Ministerio Público ha pedido prisión contra los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, así como Alfredo Pacheco, expresidente de la Cámara de Diputados.

La prisión preventiva fue justificada por las autoridades en el entendido de que “ya que existe peligro de fuga basado en la gravedad de los hechos por la pena imponible, daños ocasionados a la sociedad, la protección de los testigos y evitar la destrucción de pruebas”.

En cuanto a la cárcel, la Procuraduría pidió que el empresario Ángel Rondón sea recluido en el penal de La Victoria, mientras que los demás imputados en Najayo, en San Cristóbal.

 

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