Henry Molina afirma transformación digital del Poder Judicial aumenta la transparencia; ataca la corrupción e ineficiencia

Así lo expresó el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, durante su participación en el Legal Trends 2026, de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE): Avances y Desafíos de las Reformas para la Institucionalidad y el Desarrollo, en la cual disertó sobre “Desafíos de la transformación digital y del desarrollo institucional del Poder Judicial”.

En ese escenario, afirmó que la transformación digital constituye un aliado vital para el emprendimiento y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), y aseguró que una justicia digital es auditable, libera al juez de la burocracia administrativa “para que pueda concentrarse en lo que realmente importa: fallar con calidad y a tiempo”.

Asimismo, explicó que el proceso de modernización del servicio judicial puesto a disposición de plataformas como justicia.gob.do y la implementación de la firma digital, “ha cambiado el juego”, esto así, porque el expediente digital no se pierde ni traspapela, sino que tiene trazabilidad. 

“Las grandes corporaciones pueden costear largas esperas, pero para una pequeña empresa o un emprendedor, la burocracia lenta es una sentencia de muerte. Al digitalizar, democratizamos el acceso a la justicia”, afirmó Henry Molina.

El magistrado Molina destacó que durante su gestión han logrado la eficiencia en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y puntualizó que, gracias a las leyes de Casación y Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, se logró reducir drásticamente los tiempos, como sucede en la Tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, que falla sus casos en seis meses promedio.

“Una justicia administrativa ágil, garantiza que el Estado cumpla la ley, protegiendo al contribuyente y al emprendedor de arbitrariedades; las inversiones en energías renovables y los proyectos de infraestructura verde requieren seguridad jurídica a largo plazo, no incertidumbre. Esto es pura seguridad jurídica: el Estado sometido a la legalidad con tiempos de respuesta eficientes”, afirmó Molina.

Al destacar los avances, también reconoció que quedan desafíos por superar, entre estos: la ejecución de la justicia penal y la mejora continua en la duración de los casos, se necesita promover más el uso de métodos alternos, como el arbitraje y la mediación como primera opción para descongestionar el sistema. Otro de los retos es fomentar la Ética Corporativa.

Durante la actividad, también tuvieron participación Napoleón Estévez Lanvandier, juez presidente del Tribunal Constitucional; Joel Santos, ministro de Energía y Minas; Miguel Collado di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas (CREES);  César Dargam, vicepresidente ejecutivo del CONEP; Laura Peña Izquierdo, presidenta de confederación patronal de la República Dominicana (COPARDOM); y Leidy Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana.