Fiscales del Distrito Nacional retienen 303 personas en negocios que irrespetan el toque de queda

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Las fiscalías comunitarias del Distrito Nacional, bajo la coordinación de la magistrada titular Rosalba Ramos y junto a la Policía Nacional, retuvieron a 303 personas durante un operativo simultáneo realizado en los sectores que comprenden esta jurisdicción. 

Durante la jornada, que se realizó dentro del horario del toque de queda establecido por el Gobierno para frenar la propagación de la COVID-19, fueron cerrados un billar y ocho colmados, los cuales seguían operando a pesar de que ya había terminado el horario permitido para el expendio de bebidas alcohólicas. 

Según el informe del magistrado Quelvy Romero, supervisor de las fiscalías comunitarias del Distrito Nacional, fueron retenidas 123 motocicletas, 16 vehículos, una máquina tragamonedas, seis cajones de bocinas, seis armas blancas, un arma de fuego y 15 sillas plásticas. 

Romero informó que los sectores donde hubo mayor incidencia de violación al toque de queda fueron Los Ríos, Los Girasoles, Cristo Rey, Capotillo, Simón Bolívar, Los Guandules, Gualey, Villa María, Ensanche Luperón, los kilómetros de la carretera Sánchez, Evaristo Morales, Los Praditos, Ensanche Quisqueya, Zona Colonial, San Carlos y Villa Francisca.

Mientras, la fiscal titular del Distrito Nacional indicó que el objetivo de estos operativos es evitar las aglomeraciones de personas en sitios cerrados y así contribuir a frenar la propagación del virus que provoca la COVID-19. 

“También es una forma de dar respuestas a las quejas recibidas en nuestras fiscalías comunitarias por el ruido excesivo que producen los cajones de bocinas instalados en colmados, centros de entretenimiento y en muchos vehículos”, dijo Ramos.

En el operativo participaron 13 fiscales encargados de fiscalías comunitarias y un aproximado de 100 miembros de la Policía Nacional.

Para la realización de este operativo, la Fiscalía del Distrito Nacional se amparó en lo establecido en el Decreto 133-21, de fecha 1 de marzo de 2021.

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