Estados Unidos pide respetar derechos de personas en las repatriaciones que realice la RD

WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos pidió que RepúblicaDominicana no realice deportaciones masivas y que se respeten los derechos humanos de las personas que podrían verse afectadas con la aplicación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

En un comunicado emitido anoche, el Departamento de Estado reconoce la prerrogativa de República Dominicana para sacar de su territorio a los individuos sin autorización, espera que se cumplan los procedimientos de deportación ajustados a los protocolos.

John Kerry.
John Kerry.

“Las decisiones del Gobierno, las políticas de migración y las prácticas deben ser coherentes con las leyes dominicanas y las obligaciones y compromisos internacionales de la República Dominicana”, se precisa en el documento.

Estados Unidos insta al gobierno del presidente Danilo Medina a permitir la observación de la deportación de parte de los grupos de la sociedad civil y las organizaciones internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

A continuación el texto íntegro del comunicado de Estados Unidos:

“Los Estados Unidos es consciente de la decisión de la República Dominicana de comenzar a deportar a las personas que se consideren en situación irregular en el país.

Reconocemos la prerrogativa de la República Dominicana para sacar de su territorio a los individuos sin autorización. Al mismo tiempo, instamos a la República Dominicana a evitar las deportaciones en masa y llevar a cabo cualquier deportaciones de manera transparente que respete plenamente los derechos humanos de los deportados. Los procedimientos de deportación deben adherirse a los protocolos y procedimientos claros, a disposición del público y verificables. Las decisiones del gobierno, las políticas de migración y las prácticas deben ser coherentes con las leyes dominicanas y las obligaciones y compromisos internacionales de la República Dominicana.

Instamos al Gobierno de la República Dominicana a permitir la observación de los procedimientos de deportación por parte de grupos de la sociedad civil y las organizaciones internacionales, como la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, incluido en las fronteras.

Seguimos profundamente preocupados porque las personas con derecho a la ciudadanía o de otra manera elegible para permanecer en la República Dominicana no puede haber tenido el tiempo suficiente y los medios para acceder a los procesos para regularizar y formalizar su estado y se mantienen perjudicadas en sus reclamaciones.

Por lo tanto, es imperativo que la República Dominicana proteja eficazmente a las personas potencialmente sujetos a la deportación para determinar si son ciudadanos dominicanos, que requieren protección internacional, o son elegibles para la naturalización o regularización. En todos los casos, la República Dominicana debe tomar las medidas adecuadas para evitar el riesgo de la apatridia y la confiscación discriminatoria de documentos.

Animamos a la República Dominicana y Haití para consultar y colaborar entre sí para desarrollar procesos y procedimientos eficaces para el retorno seguro y ordenado de los migrantes a través de su frontera común. Estos procesos deben ser coherentes con las obligaciones y compromisos internacionales de cada país, defender el imperio de la ley, ofrecer garantías de procedimiento para garantizar un tratamiento adecuado de deportados, y facilitar el retorno inmediato de los individuos deportados de la República Dominicana que tienen un derecho de ciudadanía o presencia en el país.

Los Estados Unidos continuará monitoreando activamente la evolución de estos procesos en la República Dominicana y el compromiso del Gobierno de la República Dominicana para garantizar la protección de los derechos humanos, fomentar la inclusión social de todas las personas, y el trabajo para prevenir la privación arbitraria de la nacionalidad para los ciudadanos legales”.

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