Embajador José Tomás Pérez pide CIDH se retracte sobre acusación contra el país

WASHINGTON,  D.C.- El embajador de la República Dominicana en Estados Unidos, José Tomás Pérez, rechaza firmemente la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de incluir al país en la lista de los violadores de derechos humanos.

Calificó esta apreciación no sólo de injusta, sino también desconsiderada, pues para esa Comisión no ha sido suficiente que el gobierno dominicano haya implementado uno de los programas migratorios más exitosos y equilibrados que nación alguna haya hecho.

Más de 240 mil nacionales haitianos fueron beneficiados con la legalización inmediata de su estatus migratorio en la RD y a cerca de 55 mil les fueron otorgadas la ciudadanía dominicana luego de un proceso de evaluación justo y transparente.

“Pedimos formalmente que la CIDH retire sus acusaciones en contra de la República Dominicana y reconozca de una vez y por toda el esfuerzo que ha hecho el gobierno dominicano en el establecimiento de un sistema migratorio que ha servido de ejemplo en América Latina y en el mundo”, agregó el diplomático.

La República Dominicana fue incluida en una lista negra junto a Venezuela y Cuba por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, una entidad autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el informe se precisa que esos tres países requieren de una atención especial por parte de ese organismo por alegadas violaciones de derechos humanos.

En lo relativo al país, en el documento del  organismo con sede en Washington se indica que “la persistencia de la discriminación racial estructural contra personas de ascendencia haitiana, o percibidas como tales”, lo cual ha impactado particularmente en “el reconocimiento de la nacionalidad, deportaciones, expulsiones, operativos migratorios y expulsiones colectivas”.

También la CIDH habla sobre “los graves desafíos que enfrenta el Estado dominicano en materia de discriminación racial”.

“La privación arbitraria de la nacionalidad y la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas dominicanas de ascendencia haitiana las ha puesto en una situación de desventaja en el goce de algunos de sus derechos humanos, así como en una situación de extrema vulnerabilidad a ser víctimas de violaciones a otros múltiples derechos humanos”, agregó.