DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Puedo sentirme satisfecho (hablo en primera persona) por el anuncio del presidente Luis Abinader de que los funcionarios públicos tienen plazo hasta el 15 de septiembre para presentar sus declaraciones juradas de bienes, como lo estipula la ley.
En un artículo anterior (publicado el 18 de agosto) hice referencia de que esta exigencia sería un buen primer paso para despertar la confianza en la población sobre la lucha contra la corrupción en la administración pública.
Lo dije, y lo reitero ahora, no es posible que los funcionarios públicos, muchos muy cercanos colaboradores del Presidente de la República, se conviertan en claros infractores de las leyes, principalmente aquellas que persiguen la transparencia.
El presidente Abinader ha insistido desde el Gobierno, como lo hizo en la oposición, de que no tolerará ninguna acción reñida con la pulcritud que enarbola desde el Palacio Nacional.
Exigir con la firmeza como lo hizo, que los ministros y funcionarios subalternos cumpla con la declaración jurada de bienes no es más que una reafirmación de la voluntad del presidente Abinader de su conocido compromiso por el manejo transparente y más correcto de los fondos del Estado.
Además, la advertencia se encauza en el camino más expedido para que toda la sociedad asuma la responsabilidad de que hay ciertamente un cambio en la conducción del país y que ningún ciudadano, no importa su jerarquía social y económico, puede considerarse por encima de la ley y de la Constitución.
Creo (en primera persona) que el presidente Abinader interpreta firmemente las expectativas que tiene la sociedad sobre su Gobierno. Insiste en que el Mandatario disfruta del mejor momento político para corregir muchos de los entuertos tradicionalmente que eran muy aceptados en el Estado.
La declaración jurada de bienes, como dije en su artículo del 18 de agosto, bien a ser el principal paso para que ningún colaborador ni subalterno presuma poder por encima de las leyes y de la voluntad política del presidente Abinader.
Quien viola la ley, sencillamente debe responder ante las instancias institucionales.
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