SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El país afronta un serie desafío ante la aplicación de una política migratoria bien definida por el Gobierno del presidente Danilo Medina, enfocada principalmente en normalizar el estatus legal de miles de indocumentados, en su mayoría de haitianos.
Correcta ha sido la puesta en marcha de una estrategia internacional, como la ha emprendida en canciller Andrés Navarro, para enfrentar lo que se observa como una aviesa campaña desde el extranjero para desacreditar y afectar la imagen de República Dominicana.
No es verdad que en el país se violenten derechos fundamentales de ningún indocumentado. Sencillamente, las autoridades se ajustan a las leyes y han facilitado, en principio, que los indocumentados conscientes de que violentan las leyes dominicanas puedan abandonar el país de manera voluntaria.
Entonces, es inexplicable que la organización Human Rights Watch tergiverse la realidad con falsas denuncias sobre supuestas deportaciones y las expulsiones hacia Haití de dominicanos de ascendencia haitiana.
La verdad que el país urge por una política de defensa más agresiva en el plano internacional, bajo el predicamento ya trazado por el presidente Danilo Medina ante el Sistema de Integración Centroamericana en su cumbre en Guatemala en torno a que República Dominicana no aceptará presiones ni chantajes, mediante una campaña sucia contra el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
No es posible que la Human Rights Watch exija que las autoridades dominicanas proceda a otorgar “simple y pura” la nacionalidad a todos los indocumentados al margen de las leyes dominicanas, sin importar su estatus migratorio.
Los dominicanos, de su parte, deben enrolarse junto al Gobierno en la defensa de la soberanía nacional y la integridad institucional del país. Es mezquina la campaña lanzada contra República Dominicana, por su derecho de regular a todos los indocumentados, reconociendo los derechos sagrados de las personas de acuerdo a las leyes actuales.
Es inaceptable el plan puesto en marcha contra República Dominicana y debe ser repudiado por todos los dominicanos.
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