Consultor jurídico del Poder Ejecutivo califica legítima la demanda por la transparencia y contra impunidad

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El consultor Jurídico del Poder Ejecutivo admitió que en la sociedad dominicana hay una demanda legitima por la transparencia y el fin de la impunidad.

El doctor Flavio Darío Espinal dijo que el presidente de la República Danilo Medina es el primero que está consiente de esa realidad, y así lo manifestó en su discurso del pasado 27 de febrero cuando acudió al Congreso Nacional a depositar las memorias de las ejecutorias del gobierno del 2016.

Espinal aseguró que el hecho de que una empresa como Odebrecht dijera ante jurisdicciones internacionales que había dado soborno en el país por un 92 millones de dólares, está llamado a producir la reacción que se produjo.

Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el alto funcionario palaciego dijo que esas reacciones no se le pueden regatear a nadie.

Agregó que ninguna sociedad frente a una declaración de ese tipo se puede quedar pasiva, y por lo tanto eso hay que reconocerlo y no se puede evadir y tratar de que sea de otra manera.

“Yo creo que la sociedad hace bien en reclamar transparencia, reclamar justicia ante un hecho que la propia empresa que sobornó lo ha declarado de esa manera”, justifico el consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

Sin embargo no descartó que hayan sectores que quieren aprovechar el momento, por cuestiones de intereses económicos, políticos y coyunturales, para insertarse en ese movimiento aunque no tengan la legitimidad de esa misma población que reclama más transparencia, menos corrupción y que se fortaleza el estado de derecho.

“Pero el desafío está que ante la demanda de la sociedad se puedan dar respuestas contundentes, respuestas responsables, porque también hay que tomar en cuenta que en nombre de la lucha contra la corrupción no se violen derechos fundamentales y se violente el debido proceso”, sentenció el reputado jurista.

El reconocido académico sostuvo que en ese sentido la demanda y efervescencia de la gente plantea que se busquen soluciones ya e inmediata, pero hay un ordenamiento y procedimiento que cumplir.

“Hay que sustentar los expedientes, seguir los mecanismos que dicen la Constitución y las leyes, y eso no se puede hacer a veces al instante, como si fuera un soplo, un respiro y ya las cosas cambiaron de la noche a la mañana”, argumentó el doctor Flavio Darío Espinal.

Explicó que eso hay que verlo como un proceso, en qué dirección van las cosas, y en tal sentido está seguro que el presidente de la República, y el gobierno en general están yendo en la dirección correcta para enfrentar problemas de esa naturaleza.

Dijo que hay una voluntad de parte de las autoridades de que en los casos que se denuncien o detecten la comisión de irregularidades, si se determinan que puede haber un ilícito penal, enviarlos a la justicia.

“Y en los caso en que yo he manejado, los Tres Brazos, el CEA, lo que he visto es a un presidente que ha dejado, que si bien somos funcionarios lo que hicimos los reportes, pero los hicimos sin ningún tipo de instrucciones, ni condicionamiento, claro dentro del ámbito definido por las disposiciones presidencial”, aclaró.

Espinal puso como ejemplo que lo que ha salido de ahí el presidente lo ha acogido, y se han adoptado medidas para solucionar problemas que se han podido encontrar.

Dice Presidente quiere que se esclarezca todo en torno licitación Punta Catalina

El consultor Jurídico del Poder Ejecutivo Flavio Darío Espinal aseguró que el presidente Danilo Medina es el primero que está interesado en que se esclarezca todo lo concerniente a la licitación de las centrales eléctricas Punta Catalina.

Recordó que en tal virtud el jefe de Estado no solo creo una comisión compuesta por personalidades independientes para que investigue todo ese proceso, sino que le dio un fuerte mandato para que contrataran cualquier asistencia técnica profesional para que la comisión se puede ilustrar e informar de lo que ocurrió en esa licitación.

Planta de Punta Catalina, en Baní.
Planta de Punta Catalina, en Baní.

“A la vez el mismo decreto establece que cualquier proceso que lleve a cabo la Procuraduría General de la República no es incompatible con lo que haga la comisión y viceversa, yo creo que manifiesta la apertura para que si sucediese algo, si hubiese algo, pues que se ventile y se discuta”, subrayó el funcionario.

Aclaró que el hecho de que el primer mandatario defienda el proyecto no pone en entredicho el trabajo de la Comisión, porque lo que él ha dicho que cree que se ha hecho bien.

Precisó que ahí se contrató una firma norteamericana para que hiciera el diseño de la planta, para que asesorara en la licitación, igual se contrataron firmas internacionales para hacer el estudio financiero y también para la base legal del proceso de licitación.

“De modo que él dice aquí intervienen firmas de credibilidad internacional que participaron en las etapa de diseño, licitación y adjudicación, y con esas garantías, él está convencido de que el proceso estuvo bien”, remachó el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.

Sostuvo que el presidente Medina ha sido claro en garantizar que si hubiese algo que la Comisión encuentra en sus investigaciones él está dispuesto a discutirlo, pero nadie le puede regatear el derecho que tiene de defender el proceso y una decisión que se tomó en base a un enfoque de lo que quería hacer el gobierno en base a ese tema.

Espinal, quien del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, advirtió que es de interés público la terminación de la Central Eléctrica de Punta Catalina.

“O sea no tiene ningún sentido parar el proceso de construcción de esas plantas, si se toma en cuenta el interés general, el interés público, porque parar la construcción de esas plantas lo que va a provocar es que los costos se van a disparar”, declaró el funcionario.

Explicó que en la medida en que se pasa más tiempo en la construcción más se aumentan los costos, y por lo tanto desde el punto de vista del interés general, del interés del Estado, de la ciudadanía en su conjunto lo que procede es terminar esas plantas.

“Eso no quiere decir que si surgiese algo en el informe de la comisión, no se tomen las medidas que hayan que tomar y se hagan los ajustes que hayan que hacer”, insistió.

Sostuvo que como eso no ha llegado nadie se puede adelantar a los acontecimientos, y por lo tanto el ritmo de construcción de esa obra debe continuar.

Reconoció que la terminación y puesta en operación de la planta va a provocar el desplazamiento de generadoras que están produciendo energía a un costo más alto que lo que lo hará Punta Catalina y eso le va a doler en los bolcillos a ciertas personas.

Gobierno respeta decisión del magistrado Alejandro Vargas

El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo Flavio Darío Espinal dijo que el gobierno respeta la decisión del Juez Alejandro Vargas de declarar inadmisible el acuerdo arribado por el Ministerio Público y Odebrecht mediante el cual la empresa brasileña se compromete a resarcir al Estado dominicano con 184 millones de dólares, por haber admitido que repartió en soborno 92 millones de dólares.

Recordó que el juez no rechazó el acuerdo de manera sustantiva, sino que lo que ha dicho es que la modalidad que se usó en el pedimento del Ministerio Público no era la adecuada de acuerdo a la figura que tiene el Código Procesal Penal.

“Eso puede ser discutible o no, pero eso fue lo que el determinó, pero eso hay que respetarlo, de modo que no es el acuerdo como tal que él ha puesto en entredicho, sino la modalidad, la figura institucional que el Ministerio Público utilizo”, explicó el funcionario palaciego.

Dijo que personalmente piensa que eso no termina ahí y que tendrá alguna salida, pero eso es algo que tiene que decidir el Ministerio Público que rumbo va a tomar con respeto a la decisión del magistrado Vargas.

Aclaró que esa es la mejor manera de comprobar que el gobierno no controla la justicia, y agregó que el juez decidió a su mejor criterio y por lo tanto la sentencia de un magistrado siempre tiene que ser respetada.

Insistió en que el juez no cuestionó el acuerdo en su parte sustantiva, es decir en su contenido, por lo tanto el Ministerio Público lo que tiene que hacer es ponerse a pensar bien, qué hacer, qué vía utilizar para sostener su enfoque con respeto al tema de Odebrecht.

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