VIDEO: Comisión recomienda venta de terrenos en Los Brazos se someta al Ministerio Público

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Tras calificar de ilegal e inconstitucional la venta de los terrenos del sector de Los Tres Brazos, ubicados en el municipio Santo Domingo Este, una comisión designada por el Poder Ejecutivo recomendó remitir al Ministerio Público el contenido de su informe para que se determine si existe alguna responsabilidad penal en la transacción que hizo la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) con la empresa Titulatec.

Esta recomendación forma de algunas de las recomendaciones que hicieron los comisionados Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo; Lidio Cadet, director de  Ética e Integridad Gubernamental, y José Dantés Díaz, director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, en el documento que entregaron este lunes al presidente Danilo Medina sobre la situación irregular en la venta de más de un millón de metros cuadrados por parte de Corde a Titulatec.

Lidio Cadet, Flavio Darío Espinal y José Dantés Díaz tras entregar informe al Poder Ejecutivo sobre Los Tres Brazos.
Lidio Cadet, Flavio Darío Espinal y José Dantés Díaz tras entregar informe al Poder Ejecutivo sobre Los Tres Brazos.

La petición de que ese informe sobre la operación ilegal en el caso de los terrenos de Los Tres Brazos se fundamenta en el caso de que como comisión no están en condición de establecer responsabilidad penal, lo que compete al Ministerio Público.

Entienden que con el sometimiento de ese caso ante las autoridades judiciales se podría determinar si en la operación quedó comprometida la responsabilidad penal, ya que hay actores públicos y privados que actuaron en esa transacción.

Operación viola la Constitución    
En primer lugar, entienden que la operación es cuestionable en su esencia misma. Sostienen que nunca debió realizarse el proceso de venta bajo los términos en que se hizo.

Segundo, señalan que la operación se llevó a cabo en violación a la Constitución. También en violación a la Ley de Reforma a la Empresa Pública y la Ley de Función Pública.

Procedimiento precario e irregular
Los comisionados precisaron que el procedimiento de CORDE para la aprobación de la venta fue precario e irregular. Igualmente, el esquema comercial fue altamente perjudicial para el Estado Dominicano.

Asimismo, manifestaron que el interés público fue lesionado por el privado. Sostienen que INFEPA y TITULATEC establecieron un negocio con proyecciones de ganancias exorbitantes. Siendo sus inversiones muy bajas.
Informaron, además, que encontraron errores y discrepancias muy graves. Esto en los trabajos de deslinde y supervisión realizados por los agrimensores de CORDE.

Recomendaciones: Empezar por la nulidad de las ventas
Recomiendan al Estado no reconocer las ventas y demandar la nulidad de las mismas. En ese sentido, recomiendan que es por este punto que se debe empezar.

Indican que están confiados en el que el Poder Ejecutivo tomará decisiones en virtud del interés general.

Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

Garantizar los derechos de los adquirientes
Asimismo, dicen que el Estado debe garantizar los derechos a los adquirientes de buena fe. Igual a las entidades financieras que han financiado una parte de los fondos. Esto es con el propósito de que nadie salga perjudicado.

Finalmente, los miembros de la comisión entienden que el Estado debe garantizar al resto de los ocupantes que aún no han comprado. Para convertirles de simples ocupantes en propietarios de sus terrenos. A títulos gratuito o a titulo negocio, según su condición socio económica.

 
Dos protocolos de entendimiento
Entre las recomendaciones hechas al Gobierno esta la implementación de dos protocolos de entendimiento. Uno con los adquirientes de la comunidad y otro con las entidades crediticias.

En lo que tiene que ver con la comunidad, explican que hay que hacer un trabajo técnico. Esto es con el fin de que haya una correspondencia entre el terreno ocupado y el título de propiedad correspondiente.

Desde el punto de vista financiero, sostienen que la intención no es perjudicar a las empresas crediticias.

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