Abogada Luz Díaz afirma juez Ortega violó norma obliga motivación decisión contra acusados de sobornos

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- El miércoles, al dar a conocer las medidas de coerción física que impuso contra varios de los imputados en el caso Odebrecht, el juez especial de la Instrucción violentó la norma que le obliga a motivar su decisión ante las personas afectadas por la medida de encierro, que es extrema entre las modalidades de coerción previstas por las leyes vigentes.

El planteamiento fue hecho hoy por la doctora Luz Díaz, miembro de la barra de la defensa del ingeniero Juan Temístocles Montás, a quien el juez Francisco Ortega Polanco impuso una coerción de encierro por seis meses en la cárcel de Najayo. La abogada ejerce la representación de Montás junto al licenciado Manuel Rodríguez y el doctor José de Jesús Bergés Martín.

Al ser entrevistada en el telematutino Uno+Uno, de Teleantillas Canal 2, la doctora Díaz dijo que el juez Ortega Polanco se limitó a informar a los encartados en el caso Odebrecht la decisión que había tomado de imponer coerción de encierro para algunos, domiciliaria para otros y económica con impedimento de salida para otros de los imputados.

Según una nota despachada por el equipo de prensa del ingeniero Montás, Díaz expuso que las normas procesales disponen que el juez, además de informar su decisión, está obligado a motivarla para que cada uno de los afectados por la sentencia conozca las motivaciones que fundamentan la decisión.

Recordó que entre las modalidades de coerción contempladas por la ley, el encierro del inculpado es  una medida extrema a la que el juez recurre en caso de que haya elementos que justifiquen el temor de que el prevenido pudiera obstruir las investigaciones, destruir evidencias, poner en riesgo a testigos o escapar y sustraerse al proceso judicial.

Expresó que en el caso del ingeniero Montás la coerción que le priva de la libertad es un exceso cometido por el juez, porque está demostrado que no hay riesgo de fuga, es una persona con arraigo, un funcionario público y dirigente político de gran prestigio y que no intentó ni intentaría entorpecer la investigación sobre los supuestos sobornos pagados por Odebrecht para obtener contratos de obras millonarias en la República Dominicana.