SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Más de dos meses faltarían para la celebración de las elecciones presidenciales, congresionales y municipales de mayo venidero, por lo que los ojos del país están puestos en el montaje y la anhelada transparencia que siempre añoran los dominicanos sobre los resultados y el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas.
Sin embargo, hay que reconoce las más recientes resoluciones adoptadas por el pleno de miembros de la Junta Central Electoral encaminadas a garantizar la pulcritud del proceso electoral y los derechos de los más de 4 mil aspirantes a cargos que serán disputados el 15 de mayo.
Por ejemplo, la medida cautelar sobre la suspensión “temporal” del denominado barrilito que cada mes recibían los senadores constituye un paso de avance en ese interés de la JCE por una competencia equitativa y democrática entre los partidos, ya que los legisladores percibían unos recursos provenientes del Estado que podrían favorecerles y servir hasta para la compra de voluntades para los próximos comicios.
Por igual está la medida cautelar sobre el freno a los fondos que destinan las alcaldías a las denominadas asistencias sociales a favor de los sectores marginados en sus diferentes demarcaciones.
Ahora fue emitida una resolución del pleno mediante la cual la Junta prohíbe que los partidos y sus candidatos, no importa el rango electivo, reciban financiamiento de gobiernos, organismos e instituciones del extranjero, ya que está práctica está penada en la Constitución de la República y en la Ley Electoral. Este delito implica una sanción monetaria y también una condena penal.
Lo más importante es la preocupación que tiene la JCE para que ciertamente el proceso electoral venidero esté revestido de toda la confiabilidad y credibilidad necesarias, por cuya razón esta entidad ha pedido que la Organización de Estados Americanos pueda enviar observadores que certifiquen el orden y la transparencia de estas elecciones de mayo.
Hay que apoyar estas medidas de la Junta, que también deberá pronunciarse sobre denuncias dirigidas al supuesto uso de fondos del Estado en la campaña reeleccionista del presidente Danilo Medina, principalmente en lo que tiene que ver con la utilización de vehículos con placas oficiales, en caso de que se determine que esta práctica se materialice como han advertido partidos de oposición.
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