PLD considera el Estado ha perdido capacidad de regulación ambiental

DISTRITO NACIONAL (República Dominicana).-. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Partido de la Liberación Dominicana denunció la ausencia del Gobierno en la protección de recursos naturales, destacando que esta gestión ha priorizado la tramitación de permisos sobre la planificación territorial, la prevención de impactos y la fiscalización efectiva.

El órgano de trabajo peledeísta reseñó que recientemente las autoridades anunciaron procesar más de 6,500 autorizaciones ambientales promovidas como un indicador de eficiencia administrativa.

“Sin embargo, en materia ambiental la eficiencia no puede medirse por la cantidad de permisos emitidos”, aclaró Alfonso Ureña, titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales, vocero en la rueda de prensa de los lunes, tras el asueto de Semana Santa en la que también participaron Elías Cornelio, miembro del Comité Político, los subsecretarios ,Ricardo García,  Carolina Abreu, Óscar Mariñez, Francis López, Arturo Santos  y Dolkin Encarnación y  los miembros del Comité Central , Horacio Mazara, Geovany Arias y Andrés Gómez.

La secretaría de medio ambiente del PLD observa con preocupación una tendencia en la gestión pública que pone en riesgo la protección de ecosistemas estratégicos y debilita el rol de la institucionalidad ambiental.

Declara que cuando la gestión ambiental se reduce a la tramitación acelerada de permisos, el riesgo es evidente: el Estado pierde capacidad de regulación y los ecosistemas quedan expuestos a presiones crecientes y que el problema, por tanto, no es la existencia de permisos y licencias, sino la ausencia de seguimiento, control y autoridad ambiental efectiva.

Expresa que diversos casos recientes han generado dudas razonables sobre la fortaleza del sistema de fiscalización ambiental, tales como daños a humedales y manglares asociados a un proyecto inmobiliario en Las Terrenas, así como la instalación de barcazas en zonas ambientalmente sensibles en Los Negros de Azua, plantean interrogantes legítimas sobre la aplicación rigurosa de la normativa ambiental.

Refirió el Informe GEO República Dominicana 2024, elaborado con acompañamiento internacional, que advierte que el crecimiento económico del país ha estado acompañado de una presión creciente sobre los recursos naturales, deterioro de ecosistemas y pérdida de biodiversidad.

Manifestó que en diversas regiones del país las comunidades han tenido que asumir un rol que corresponde al Estado. En ese sentido citó los casos de Cotuí, donde la población ha salido a las calles reclamando acciones frente a la contaminación de la presa de Hatillo, en la región del Cibao, sectores sociales y ambientales han expresado su preocupación ante permisos para exploración minera en la Cordillera Septentrional, en Los Haitises, una de las reservas de biodiversidad más relevantes del Caribe, persisten actividades de tumba y quema, entre otros.

El PLD sostiene que, frente a esta situación, es imprescindible abrir una discusión nacional sobre el rumbo de la política ambiental, fortaleciendo la fiscalización, la protección de las fuentes de agua y el cumplimiento de la normativa vigente.