Mayor general retirado advierte acuerdo RD y EEU es parte de una estrategia regional para cercar a Venezuela

DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.-. Un antiguo oficial militar advirtió que el reciente acuerdo que autoriza a Estados Unidos el uso temporal de la base aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional Las Américas debe entenderse como parte de una estrategia regional para aislar al gobierno de Nicolás Maduro y reducir la influencia del narcotráfico vinculado a ese régimen.

Aunque el mayor general retirado, Ejército Nacional, Miguel Ángel Cordero, no cuestionó directamente la soberanía nacional, el experto en geopolítica señaló que el país está siendo integrado en una estructura operativa que responde a intereses más amplios que la simple lucha contra las drogas.

Cordero explicó que el acuerdo no puede analizarse de forma aislada, ya que se enmarca en la operación “Lanza del Sur”, desplegada por Estados Unidos tanto en el Caribe como en el Pacífico, con el objetivo declarado de desarticular redes de narcotráfico.

Sin embargo, subrayó que este despliegue forma parte de una estrategia de cerco geopolítico en la que República Dominicana ha sido incorporada como punto clave para completar una triangulación táctica junto a Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Granada.

Esta maniobra busca no solo cortar rutas de tráfico ilícito, sino también incrementar la presión regional sobre Venezuela.

Durante su intervención en el programa Propuesta de la Noche, conducido por el periodista Manuel Jiménez por Teleimpacto, el general retirado precisó que el uso combinado de infraestructura militar y civil dominicana sirve a fines que superan la logística ordinaria.

Afirmó que la autorización para operar desde San Isidro y Las Américas no se limita al abastecimiento de aeronaves o al transporte de personal, sino que se integra a una arquitectura de seguridad hemisférica orientada al control total del entorno caribeño ante un eventual colapso político o respuesta hostil de Caracas.

El general recordó que Estados Unidos ha invocado su legislación de seguridad nacional de 1973 para justificar este tipo de acciones, tras designar al “Cártel de los Soles” —presuntamente vinculado al alto mando venezolano— como organización terrorista.

Esto, según dijo, le da a Washington legitimidad para ejecutar operaciones diplomáticas, tecnológicas o incluso militares bajo el enfoque de una guerra híbrida. En ese escenario, sostuvo, República Dominicana ha sido colocada dentro de un engranaje regional que sirve tanto a fines tácticos como simbólicos.

Aunque Cordero evitó calificar el acuerdo como una amenaza directa a la soberanía dominicana, sí advirtió que su naturaleza y alcance requieren una lectura más crítica.

Señaló que, bajo el lenguaje de la cooperación, se está habilitando el territorio nacional como plataforma para operaciones de vigilancia, disuasión y posible intervención indirecta.

Agregó que cualquier nación que se incorpora a una estructura militar regional liderada por una superpotencia debe evaluar cuidadosamente su nivel de exposición y las consecuencias diplomáticas que podrían derivarse.