DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.-. Lo poco o mucho que se ventila sobre las supuestas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) traspasa los límites de la sorpresa.
Se prevé que el escándalo pudiera envolver el manejo, presuntamente inadecuado, de más de 21 mil millones de pesos.
Además que hubo privación de servicios cobrados y no ofrecidos, según las anomalías reveladas.
El Gobierno ha actuado con prudencia y mucha diligencia al depositar un informe sobre el caso ante la Procuraduría General de la República.
Lo correcto es y sería, ahora y siempre, que se permita el derecho a la defensa y que no haya condenas prematuras, como siempre ocurre en los denunciados casos de corrupción.
Siempre hay prejuicios contra imputados llevados ante la Justicia, inclusive en la fase de la investigación.
Hay que esperar que las pesquisas conduzcan a esclarecer los hechos denunciados y que, si hay responsables, entonces que se actúe conforme al mandato de la ley.
Que no haya atropello ni imposición de ninguna autoridad mediática.
Hay que dejar abierto el camino para la posible inocencia de los posibles imputados, como vía de limpiar su nombre y honra por si las acusaciones carezcan del valor penal para la instrumentación de un expediente con posibilidad de éxito ante los tribunales.
De nada sirve que se siga con el “show mediático”, que sólo fomenta el morbo y ensucia reputación.
La Procuraduría General de la República está compelida a actuar en el caso de SeNaSa, según lo ha reaccionado con hechos denunciados de administraciones pasadas, pero se espera que no se cometan abusos ni violaciones a las normas procesales, como se han conocido.
Que se actúe bajo el imperio de la ley y quienes tengan responsabilidad en la comisión de las presuntas irregularidades, entonces que respondan ante la sociedad.
Es lo más correcto y justo.
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