DISTRITO NACIONAL, República Dominicana.- Se ha develado un plan que se gestaba en sectores de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano para violentar la institucionalidad de la Junta Central Electoral.
El PRD reclamaba que Marino Mendoza, exjuez del Tribunal Superior Electoral, fuera nombrado como miembro titular de la JCE en lugar de Henry Mejía, quien estuvo ausente por varios antes por sufrir una paro cardiovascular, ya que esta organización exige ese puesto como parte de un acuerdo con el PLD.
Este nombramiento de Mendoza estaba tramado para ejecutarse en la próxima sesión del Senado, acción que vendría a hacer una violación de lo establecido en la Constitución.
Los artículos 274 y 275 de la Carta Magna son claros en precisar que los suplentes de los titulares del organismo electoral deben suplir su ausencia por causas determinadas hasta concluido el periodo, como ocurría en el caso de Henry Mejía desde hacía meses.
El PRD y un ala del PLD tenían la pretensión de evitar que el suplente Juan Cuevas Medrano asumiera el puesto de Mejía contraviniendo lo que dice la Constitución solo con el propósito de designar a Marino Mendoza, quien fue cuestionado mientras estuvo como miembro del Tribunal Superior Electoral, en virtud de que desde esa instancia siempre favorecía los intereses del hoy canciller Miguel Vargas en su disputa por el control de esa entidad con el bando de Guido Gómez Mazara.
Esta trama fue descubierta y Henry Mejía no tuvo otra opción que reasumir su responsabilidad ante el pleno de la JCE, cuyo pleno, de acuerdo a los informes, muestra resistencia a que Mendoza ocupe una silla en esa institución, debido a su reconocida militancia perredeísta y su cuestionado accionar en el TSE.
Pocos entienden la pretensión que tenía el Senado de la República para violar la Constitución que los propios legisladores han prometido salvaguardar, solo por beneficiar intereses particulares del grupo de Vargas Maldonado con la postura de mantener a una figura política que solo viene a contravenir la institucionalidad y la credibilidad que deben adornar al organismo electoral.
El Senado, bajo la presidencia de Reinaldo Pared Pérez, quien supuestamente favorece a Mendoza para la JCE, está obligado a rectificar en esta posición contraria a la Constitución y ofrecer explicaciones válidas a la Junta, cuyos miembros solo procuran un trabajo eficiente y fuera de ruidos político-partidarios innecesarios que permitan recuperar la confiabilidad de la población ante el escenario de complejidad que entrañarán los eventos que tendrán bajo su responsabilidad.
El montaje de tres primarias abiertas y cerradas y otros procesos internos de los partidos, además de todos los preparativos de las elecciones generales de 2020, son más que suficientes para que los miembros de la JCE tendrán que desviar su atención en cuestiones ajenas a su competencia, como el afán del PRD de tener una ficha que vendría a ser un ingrediente de desconfianza y de falta de credibilidad.
El escenario se pinta complejo y preocupante en los alrededores de la Junta Central Electoral. Hay que tener ojos abiertos, para que no se diezme la institucionalidad democrática.
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