Tribunal de Brasil autoriza investigar ministros de Temer y 71 legisladores por corrupción de Obrecht

SAO PAULO, Brasil.- El Gobierno del presidente Michel Temer ha quedado lesionado y golpeado por la decisión del Tribunal Supremo de autorizar que 9 miembros sean sometidos a las investigaciones por los escándalos de sobornos admitidos por la constructora Odebrecht, que también incluye a otros once países de la región.

El máximo organismo judicial de este país también dispuso que las autoridades abran una investigación contra 42 diputados, 29 senadores y tres gobernadores por los casos de corrupción.

Al menos seis investigaciones ha realizado Panamá sobre los sobornos.
Al menos seis investigaciones ha realizado Panamá sobre los sobornos.

Entre los funcionarios que serán objetos de investigación se citan el jefe del Gabinete del Gobierno de Temer, Eliseu Padilha, y el ministro de Exteriores, Aloysio Nunes; de Agricultura, Blairo Maggi; de Ciudades, Bruno Araújo; de Cultura, Roberto Freire; de Industria, Comercio Exterior y de Servicios, Marcos Pereira.

También el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Moreira Franco; el titular de Ciencia y Tecnología, Gilberto Kassab; y el ministro de Integración Nacional, Helder Barbalho.

El Tribunal Supremo de Brasil ordenó que las investigaciones sobre la corrupción de Odebrecht se extienda hasta los presidentes de la Cámara baja, Rodrigo Maia, y del Senado, Eunicio Oliveira.

En medio de las investigaciones se incluyen a los expresidentes de Brasil, Lula Inacio Da Silva y la destituida Dila Rousseff.

Contra Da Silva, el expresidente de la constructora Odebrecht, Marcos Odebrecht, reveló que le habría entregado 4 millones de dólares para financiar su campaña electoral.

Conjuntamente con el caso de Odebrecht, el Ministerio Público encamina las pesquisas sobre el escándalo de corrupción de “Lava Jato”, caso que fue abierto hace tres años para investigar una red de corrupción que existía en la petrolera estatal Petrobras.

El caso de “Lava Jato” salpica a empresarios que son acusados de sobornar a políticos para recibir la aprobación de contratos de obras públicas.

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